Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, encabezó la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra
Maru Morales P.
Gitanjali Wolfermann
Este jueves cerró para Venezuela el segundo ciclo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La sesión se realizó en Ginebra y contó con la participación de los 47 miembros del Consejo, 14 ONG y la delegación oficial del gobierno de Nicolás Maduro. La sesión sirvió para que Venezuela confirmara cuáles de las 274 recomendaciones que recibió durante su segundo EPU, realizado en noviembre de 2016, serían aceptadas o anotadas por el país.
La misión gubernamental estuvo encabezada por la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, quien defendió enfáticamente la existencia de garantías para la libertad de expresión en el país.
“En Venezuela está prohibida toda restricción al libre ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, información, reunión y asociación pacifica y de conformidad con las leyes”, dijo este jueves ante el Consejo de DDHH.
Sin embargo, las cifras y los hechos contradicen tal afirmación de la ministra Varela. De acuerdo al registro del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, entre 2012 y 2015, hubo 2030 violaciones a la libertad de expresión. En 2016 se contabilizaron 763 violaciones a este derecho y en lo que va de 2017 se registran 86 denuncias. Por si fuera poco, la mayoría de las violaciones, son cometidas por el Poder Ejecutivo.
De hecho, las ONG y los países que abordaron el tema de libertad de expresión durante la sesión de cierre del EPU mostraron estar al tanto de esa información. Fue así como la representación de Estados Unidos señaló: “Realizamos un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para que los medios de comunicación independientes puedan informar”.
Más específicos fueron los planteamientos de Amnistía Internacional, Cívicus y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos.
AI señaló: “Muchos Estados hicieron recomendaciones para garantizar la libertad de expresión y garantizar un ambiente de libertad social. Aunque Venezuela aceptó la mayoría de las recomendaciones sobre libertad de expresión, eventos recientes demuestran que en la práctica continúa siendo un desafío el ejercicio pleno de este derecho”.
El defensor de derechos humanos venezolano, Feliciano Reyna, también tomó la palabra en nombre de Civicus, ONG que consultó a 170 organizaciones venezolanas para presentar su informe ante el Consejo. “Las libertades de asociación, la manifestación pacífica y de expresión están seriamente restringidas en Venezuela. Periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y políticos son objeto de estigmatización y persecución”, señaló Reyna.
Por su parte, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos advirtió que Venezuela atraviesa una crisis en materia de derechos humanos y advirtió que ha habido un incremento de “ataques a la libertad de expresión y atentados contra el derecho de reunión pacífica”.
En respuesta, la ministra Varela señaló que el Estado decidió rechazar ciertas recomendaciones –algunas de ellas sobre libertad de expresión- por considerar que las mismas fueron “esgrimidas de manera politizada y sin ningún marco que las sustenten” Consideró el Estado que determinados planteamientos provenientes de otros gobiernos “fueron realizados de manera sesgada”, con “un trasfondo político y forman parte del constante asedio contra la democracia venezolana”.
Libertad de expresión y acceso a la información pública
«La libertad de expresión se encuentra entre las tres principales recomendaciones que hicieron los Estados durante el Examen Periódico Universal 2016 de Venezuela», apuntó Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), al finalizar la presentación de la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el jueves 16 de marzo de 2017.
Muñoz Castro argumentó que la preocupación de las ONG internacionales sobre el estado de la libertad de expresión en Venezuela, «se desprende de informes presentados por la sociedad civil que denuncian un contexto restrictivo para el ejercicio de la libertad de prensa, expresión y opinión, que afecta a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general. Con espíritu de diálogo, invitamos al Estado a implementar las medidas necesarias para garantizar la libertad de opinión y expresión como una de las piedras angulares de toda democracia».
El director de la RIDH agregó que es necesario emprender acciones para garantizar el libre acceso a la información pública. «Periodistas y organizaciones solicitan la difusión de estadísticas oficiales y la posibilidad de consultar documentos públicos que generarán un mayor espacio de transparencia en el país. Por ejemplo, los indicadores de inflación de 2016, la actualización de las cifras de mortalidad y de epidemiología, y las Memorias y los informes de gestión del año 2016».
