La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad declarar crisis humanitaria en el país durante la sesión ordinaria de este martes 14, además de convocar a los sectores a trabajar por las soluciones a los problemas.
La declaración “es una manera para que el responsable único del hambre en Venezuela, que es Nicolás Maduro, sienta la presión del pueblo y del parlamento venezolano”, afirmó el presidente del parlamento, Julio Borges.
El diputado Carlos Paparoni denunció que en el 2017, al menos 27 niños han muerto por hambre y las cifras de niños con desnutrición continúa en aumento. Asimismo, declaró que tres millones de venezolanos comen de la basura.
También expresó que más de 135 millones de dólares se han perdido en manos de la corrupción por sobreprecio en los últimos meses en los Comités Locales de Alimentación y Producción. Calificó a los CLAP como un sistema deficiente.
Paparoni reveló que, de las 23 millones de de hectáreas disponibles para sembrado en el país, solo se utilizan seis millones, «de las cuales solo 1,3 millones son usadas para siembra de alimentos de consumo humano». «Tienen el monopolio de insumos agrícolas, pero no los traen para seguir con el negocio de importación con sobreprecio» afirmó el parlamentario, dando a conocer que el país solo posee el 0.3% de las semillas y químicos necesarios para la siembra del año.
Por su parte, el vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, expresó que «no podemos quedarnos en debate» y propuso pasar a la articulación de un plan inmediato con sectores alimentarios.
El acuerdo de crisis humanitaria tiene tres elementos fundamentales, de acuerdo al vicepresidente: un plan de emergencia de aplicación inmediata al problema alimentario; un canal humanitario para aceptar donación extranjera de productos que puedan ser distribuidos en el país y la habilitación de una ley especial que permitiría al Parlamento servir de mediador con ayuda humanitaria que, según Guevara, el gobierno se ha negado a recibir.
Jubilados sin fondos
Por otra parte, la AN discutió acerca de los niveles de remuneración de los profesores venezolanos y denunciaron irregularidades en el ámbito educativo que llevaron al parlamento a aprobar por unanimidad la propuesta de investigación por parte de la Subcomisión de Educación.
El diputado Juan Requesens denunció la politización de la educación de los niños en el estado Táchira. La diputada Dennis Fernández igualmente denunció que «hace 15 días un grupo de educadores fue atropellado por organismos de seguridad sólo por protestar por sus derechos», al no haberle sido cotizado su seguro social por lo que el pago de jubilación no se realiza. Respecto a esto, la diputada Bolivia Suarez también declaro que existen 50 mil profesores jubilados quienes están esperando sus prestaciones sociales, pues «siguen cotizando en el Ipasme, pero el Gobierno usa esos fondos para hacer proselitismo político».
Este día también fue sancionada la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
*Con información de El Nacional
