El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, responsabilizó al gobierno nacional por la desaparición de reos que se encontraban bajo su custodia en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.

Presentó un croquis sobre la posible ubicación de otra fosa común, a partir de un plano elaborado por un recluso que en su momento «fue compañero de celda de Francisco Guerrero y sabe dónde fue sepultado. El lugar estaría ubicado en las inmediaciones del antiguo teatro, en la actual de gallera, cerca de donde funcionó un centro hípico. Allí habrían sepultado a Guerrero».

Destacó que el Estado venezolano no puede continuar evadiendo la responsabilidad que tiene en el asesinato y desaparición de presos que se encontraban bajo su custodia.

«Si la situación está así en la Penitenciaría General de Venezuela, nada nos dice que esta realidad no se repita en otros centros penitenciarios, por lo que es necesario iniciar una investigación a fondo que pueda aclarar esta situación, que ha estado oculta desde hace mucho tiempo».

Recordó que el caso de la desaparición de Guerrero fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas,  y en ambos casos se emitieron medidas a favor del desaparecido, sin que hasta los momentos haya mediado la más mínima intención de localizarlo y entregar sus restos a sus familiares.

«El OVP viene diciendo desde hace ocho años que debe buscar a Guerrero Larez, y no hemos obtenido oportuna y adecuada respuesta por parte del Estado. Con el hallazgo de la fosa común en la PGV queda confirmada nuestra denuncia,  familiares, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos veníamos advirtiendo la posibilidad de existencia de fosas comunes en varias cárceles del país, teniendo como respuesta la descalificación y la negación de que tal situación se estuviese presentando», destacó Prado.

Finalmente dijo que las desapariciones en las cárceles  no deben ser asumidas como una responsabilidad exclusiva de los detenidos.

Aseguró que «en muchos casos los responsables pudieron haber sido los custodios o efectivos militares de guardia en los centros, por lo que es necesario que el Ministerio Público investigue a fondo».