Silencioso. Solo así puede describirse el luto que guardan los familiares de los mineros asesinados en la masacre de Tumeremo a un año de su desaparición física. Bien sea por el dolor intrínseco o el miedo a represalias, quienes vivieron esta atrocidad de forma directa se niegan a hablar de lo que sucedió a principios de marzo del 2016, que poco a poco se va desdibujando de la esfera pública como miles de casos similares engavetados por las autoridades.

A pesar de ser un caso de relevancia nacional e internacional que evidenciaba la impunidad con la que bandas criminales actúan al sur de Bolívar, la omisión del Estado luego del revuelo inicial ha sido clave en un intento de enterrar su fracaso junto con los cadáveres de las víctimas. Los sobrevivientes sufren del olvido de las instituciones públicas, cargando con la zozobra y angustia de una realidad que solo se ha agravado.

La figura de la reparación integral, manejada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que es de carácter obligatorio ofrecer indemnización material o psicológica (según aplique) a la brevedad posible en casos de violación de derechos humanos, con el objetivo de minimizar las repercusiones traumáticas que estos puedan tener sobre las víctimas. Sin embargo, en Tumeremo, esto no es más que otras palabras en papel.

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