El vicepresidente de la Asamblea Nacional y coordinador de Voluntad Popular, Freddy Guevara, denunció el intento de ilegalizar su partido político por parte del Comando Antigolpe creado por el régimen de Nicolas Maduro y dirigido por le vicepresidente, Tareck El Aissami.
Guevara explicó que el “Plan Siembra” que el Gobierno lleva a cabo consiste en vincular a la dirigencia de Voluntad Popular con elementos militares, en este caso con el proceso del General Raúl Isaías Baduel quien se encuentra encarcelado desde el año 2009. Con este objetivo, órganos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Policía Nacional Bolivariana se encargan de sembrar evidencia para poder acusar a dirigentes y activistas con el crimen de rebelión civil y militar.
«Desde el año 2014 podemos contar las numerosas demandas introducidas en contra de nuestra dirigencia en el Tribunal Supremo de Justicia, que siete de los once dirigentes nacionales electos del partido estén en estos momentos presos, que el 100% de los alcaldes electos de Voluntad Popular tienen alguna investigación abierta o algún proceso judicial en su contra, así como contamos también las constantes acusaciones hechas por Tareck El Aisssami y Nicolás Maduro, es evidente el patrón que existe entre todo esto”, declaró.
Guevara indicó que aparte de la rebelión civil también se quiere acusar a los dirigentes de Voluntad Popular por crímenes como terrorismo, lavado de dinero y narcotráfico.
También denunció que El Aissami publicaría un informe donde asocia a VP con una rebelión militar para lograr que sus dirigentes sean juzgados por tribunales militares y no por la justicia civil y explicó que lo hacen «porque el Presidente de la República es quien nombra los jueces y tiene por tanto control total del sistema de justicia militar, por la competencia que le da la ley. Por eso incluyen este nuevo modo de sembrar evidencia para asociar civiles a la rebelión militar, un crimen por el que también pueden ser juzgados los civiles”.
El uso de esta modalidad se debe a la resistencia que el régimen ha encontrado en jueces y fiscales del Ministerio Público y Tribunales del país, quienes se han negado a participar en las operaciones, de acuerdo al parlamentario.
En la lista que dio Guevara de los implicados por el «Plan Siembra» se encuentran Yon Goicochea, a quien le sembraron explosivos y un fusil; José Vicente García, a quien también le colocaron un fusil, al igual que a Gilber Caro y Steyci Escalona; todos acusados de delitos asociados a la rebelión civil y militar cuyos casos terminarían vinculados con el del general Raúl Isaías Baduel, quien manejaría el apartado militar de la rebelión mientras que Voluntad Popular haría lo propio con la parte civil.
«Por ejemplo, vemos que en el acta de detención de Gilber Caro, el SEBIN anotó que manejaba una caravana que tenía el objetivo de llevar armamento a la casa del general Baduel a la vez que allanaron la casa de este en un intento de sembrarle armamento. Sabemos que gracias a los vecinos no pudieron hacerlo, pero su intención quedó registrada en el acta”.
En este sentido, recordemos que la Ley Orgánica de Justicia Miliar establece que un civil solo podrá ser juzgado en tribunales militares por rebelión militar y civil cuando se comprueben tres elementos fundamentales. En primer lugar, si se verifica que existe asistencia de un militar o parte de las Fuerzas Armadas, cuando hay partidas organizadas en varios puntos de la República y cuando de alguna manera se hostiliza a las Fuerzas Armadas. “Tenemos el caso de Leopoldo López en el Distrito Capital, a Gilber Caro y Delson Guarate en Aragua, Daniel Ceballos y José Vicente García en el Táchira, Lester Toledo en el Zulia, Warner Jiménez en Monagas y como ellos hay muchos casos. Los crímenes por los que se les acusa injustamente son distintos, pero existe una conexión entre todos ellos”.
*Con información de nota de prensa
