DURANTE UN FORO EFECTUADO EN LA ISLA DE MARGARITA, como parte de una gira nacional para dar a conocer las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, en compañía de los abogados Thelma Fernández, Marino Alvarado y el penitenciarista Pedro Rondón, dio a conocer que las cárceles del país tienen una capacidad instalada para 33 mil internos, pero actualmente hay más de 55 mil en las cárceles e internados.

En ese sentido, desglosó que 33 mil detenidos se encuentran en los calabozos policiales, lo que suma más de 95 mil presos. Esto significa un 58% de sobrepoblación carcelaria, más de 800% de hacinamiento crítico en las cárceles y por encima del 100% en los calabozos, lo que contradice totalmente lo estipulado en las Reglas Mandela.

“La situación de nuestras cárceles está muy distante de éstas normas, pero hay que saber que es una orden para los países ponerlas en funcionamiento y adecuar su legislación a esa reglas, por eso esperamos que gobiernos como el nuestro, que dice respetar los derechos humanos, las tomen, implementen e impulsen”, sentenció Prado, quien agregó que uno de los grandes errores del Gobierno es no reconocer las fallas del sistema penitenciario.

Tal como lo ha demostrado el Observatorio Venezolano de Prisiones a través de exhaustivas investigaciones de campo, la solución a la crisis penitenciaria no es construir más cárceles, como lo ha asegurado la ministra Iris Varela, sino revisar la normativa legal del Estado.

“La práctica mundial dice que construir una cárcel es llenarla, y ahora que vamos por el plan número 25 de seguridad, será  colmarla de los más pobres. Lo que debería hacer el Gobierno es garantizar que las personas se desarrollen en sociedad, que haya trabajo y estudio porque eso es prevención del delito”, puntualizó el director de esta organización no gubernamental.

Una de las propuestas del OVP, que cabe destacar ha sido ignorada por el Estado venezolano, es la descentralización del sistema penitenciario. “Sabemos que a los gobernadores no les va a gustar que les digan, tomen su cárcel, pero no es cuestión de gusto es que la Constitución en el artículo 272 dice que las cárceles se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos regionales o municipales”.

En tanto, añadió que “no compartimos ese supuesto 98% que ellos dicen están bajo supervisión militar, para nosotros significa solo que 56% está uniformado y en orden cerrado. No se trata de presentar un grupo de presos haciendo orden para que se vea que tienen su control, eso lo que representa es represión y amedrentamiento a la población reclusa. Si tuviéramos  un sistema tan bueno como el que se promueve, nuestro sistema carcelario no estaría bajo el ojo del sistema interamericano de los derechos humanos”.

A su paso por el estado Nueva Esparta, Humberto Prado recorrió los calabozos de las policías de Mariño, Maneiro y Arismedi, donde constató las denuncias sobre hacinamiento, propagación de enfermedades de la piel y respiratorias, VIH/Sida, además de la falta de colaboración del Gobierno nacional para encontrar soluciones inmediatas.

Cabe destacar que esta situación desvirtúa las declaraciones de la viceministra de Asuntos Penitenciarios, quien ha tenido el atrevimiento de asegurar que en las cárceles venezolanas no hay hacinamiento, pero no dan explicaciones de por qué no otorgan cupos a las policías regionales, municipales, Cicpc y policía nacional.

«Lamentablemente en Venezuela priva más la parte política que la atención al problema social que se vive día a día en esos centros de coordinación policial, próximamente presentaremos una petición para trabajar en una Ley para los gobiernos regionales y de allí se pueda lograr el otorgamiento de un presupuesto para dar alimentación a los detenidos en estos espacios, según lo establecido en el artículo 272 de la Contitución”, agregó Prado.

Prado también se pronunció sobre el caso del periodista y editor de Reporte Confidencial, Braulio Jatar, quien resultó apresado hace cinco meses por publicar una información una información sobre una protesta contra el presidente Nicolás Maduro.

“El caso de Jatar es esa suerte de tantos otros presos políticos, no le dan calificación de vida, se detiene y no se le da un trato humano sino que de una vez lo van trasladando de cárcel en cárcel, y de esto es responsable el Estado en su conjunto, es decir, Poder Judicial, Ministerio Público y Ejecutivo Nacional, pues independientemente que se piense diferente, al adversario hay que respetarlo, hacer valer sus derechos porque toda persona es un sujeto de derechos y debería estar amparado por la Defensoría  del Pueblo, pero no con  palabras del Defensor que asegura estar  supervisando el caso, sino con acciones que hagan cumplir las normas”, puntualizó Prado.