El servicio de Migración de Perú entregó los primeros permisos temporales de permanencia (PTP) a un grupo de ciudadanos venezolanos que optaron por regularizar su situación migratoria en el Perú, con lo cual podrán estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud y tener acceso a los tributos.

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, destacó que en Perú se respetan las leyes y los derechos humanos, y que con estos permisos se están creando las condiciones y los mecanismos necesarios para viabilizar la regularización de la calidad migratoria de los ciudadanos venezolanos, en reciprocidad a las medidas que adoptó Venezuela a favor de los peruanos que emigraron décadas atrás a esa nación suramericana.

“Queremos dar un mensaje diferente al que se da en otras partes con relación al tema migratorio. Queremos construir puentes que nos unan y no muros que nos separen. Antes ustedes nos abrieron las puertas para que los peruanos vayamos a trabajar. No es solo una cuestión de reciprocidad, es una señal de hermandad”, expresó el integrante del gabinete ministerial.

Basombrío dijo que el Perú recibe de manera cordial a los venezolanos que viven tiempos muy duros en su nación.

El superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla Echevarría, destacó que el actual gobierno promulgó dos decretos supremos destinados a atender la problemática migratoria de madres en estado vulnerable y de ciudadanos venezolanos.

“Es realmente una fecha especial. Son 6,000 venezolanos que se irán enrolando en línea para obtener su permiso. Hemos entregado 20 y hay  200 PTP que están empezando a tramitarse”, informó el funcionario.

Sin dinero en la Madre Patria 

Aproximadamente 12 mil pensionados y jubilados venezolanos que residen en España y en otros cinco países convocaron este sábado una protesta, que se celebró en todas las ciudades donde cuentan con asociaciones, para reclamar las pensiones que llevan quince meses sin cobrar.

En Zaragoza la concentración se convocó para exigir el cumplimiento del convenio bilateral que tienen firmado España y Venezuela, explicó Liliam Odreman, una de las afectadas.

Con nacionalidad española tras 17 años residiendo en España, su marido, al igual que el resto de jubilados que viven fuera de Venezuela, dejó de cobrar la pensión en abril de 2016, cuando les ingresaron la parte correspondiente a 2015, por lo que el único ingreso de que disponen son los 240 euros de la pensión contributiva por los 9 años que cotizó en España.

Son personas, señaló Odreman, algunas de las cuales tienen hasta 90 años, que ahora se encuentran en riesgo de exclusión, ya que tampoco pueden recurrir a ayudas sociales al tener reconocida una pensión en Venezuela.

Muchos son españoles nacidos en Venezuela que al jubilarse han regresado a sus raíces y que ahora se les niega su pensión, porque el presidente Nicolás Maduro les exige regresar para cobrarla.