Los ladrones de cables eléctricos y de telefonía han intensificado sus arremetidas desde agosto. Escuelas, liceos públicos, ambulatorios de salud y comercios, semáforos y postes del alumbrado público han sido violentados para sustraer el cotizado cobre que es la razón de estas fechorías.

En Villa Icabarú, urbanización de Puerto Ordaz, la mayoría de las manzanas están sin línea telefónica ni conexión a internet. Lo mismo ocurre con Paratepuy, Camino Real, Sierra Parima y zonas aledañas de la parroquia Unare en donde se han robado tres veces seguidas los cables de este servicio.

Por si fuera poco, en la empresa Briquetera de Venezuela (Briqven) se han robado unos 3 mil metros de cableado eléctrico en dos oportunidades, en menos de dos meses, afectando el arranque de la fábrica de briquetas. El 9 de noviembre, al momento de la denuncia, los trabajadores atribuyeron el problema a sabotaje interno y garimpeiros de cables.

El núcleo de la Universidad de Oriente (UDO) en San Félix lleva más de un año sin luz tras el robo de más de 3 mil metros de cable… Ejemplos sobran.

Sobre el cobre

En Venezuela no se produce cobre, rubro que fue declarado por el Estado como uno de los materiales estratégicos, que refieren aquellos “elementos que participen predominantemente en los procesos productivos del país”. El robo y tráfico de cobre es un hecho punible, de acuerdo con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.

Una nota de prensa del Ministerio Público, titulada Algo más que un simple robo, muestran el llamado ciclo del cobre, en el que acusan a la delincuencia organizada como la responsable de los robos, vinculados a “planes desestabilizadores ante las fallas y deficiencias en servicios públicos” y que “el destino final (del cobre) son las chatarreras” que exportarían el material.

El presidente de la Asociación de Empresas Recicladoras de Metales de Guayana, Luis Torres, recuerda que el gremio nació, precisamente, para evitar formar parte de este problema, “que es de toda la vida”, y reveló que la Guardia Nacional (GN) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inspeccionan a todas las chatarreras ubicadas en Vista Alegre al menos cada dos meses.

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