La abogada del diputado electo a la Asamblea Nacional Rosmit Mantilla, Theresly Malave, denunció que los recientes actos cometidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en contra del dirigente de Voluntad Popular suponen un acto de tortura y una clara violación a los derechos humanos.
Malavé recordó que Mantilla fue sacado por funcionarios del SEBIN del Urológico San Román a pocas horas de ser intervenido quirúrgicamente para retirarle los cálculos biliares.
Nosotros acudimos al tribunal, y la jueza nos dio la orden para que Rosmit fuera hospitalizado si era necesario. No obstante, los funcionarios del SEBIN no respetaron la orden y luego de sacarlo lo metieron en un tigrito, una celda de castigo sin agua, sin luz, sin baños en la que meten a una persona como una forma de castigo. Ese castigo, sumado a los dolores que genera la enfermedad que sufre Rosmit constituye una forma de tortura”.
Malave indicó que el equipo de defensa del también activista de Voluntad Popular acudió a los tribunales para pedirle a la jueza Belen Brant que haga cumplir la orden judicial en la que otorgó permiso para que Rosmit pudiera permanecer en el Urológico San Román el tiempo necesario para ser intervenido quirúrgicamente, así como el periodo de hospitalización necesario para su completa recuperación. Sin embargo, señaló que hasta el momento no ha recibido respuesta alguna de los tribunales.
Ingrid Díaz, madre de Rosmit Mantilla, reafirmó las palabras de Malave al denunciar que las autoridades en lugar de otorgarle el tratamiento médico que necesita su hijo no han hecho otra cosa que empeorar sus condiciones de reclusión. “A las 4:30 de la tarde el SEBIN ingresó al Urológico para llevarse a Rosmit casi secuestrado, porque en un principio no sabíamos a donde se lo llevaban, ignorando por completo la orden judicial que autorizaba su estadía en el centro médico. Ahora lo tienen preso en los calabozos del Helicoide, y en lugar del tratamiento médico que necesita tan urgentemente lo que han hecho es ponerle un candado y más cadenas, encerrarlo en una celda de castigo que se conoce como un tigrito, en la que no hay ningún acceso a la luz, no hay agua o siquiera un baño en el que pueda hacer sus necesidades”.
Por su parte, la dirigente nacional de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional y al Parlasur, Adriana Pichardo, instó a la Defensoría del Pueblo a inspeccionar el caso para hacer valer los derechos de Rosmit Mantilla, así como responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de cualquier daño que pueda sufrir el dirigente de Voluntad Popular en las actuales condiciones de reclusión que mantiene.
