El diputado por el Táchira Franklin Duarte, como miembro de la subcomisión especial de derechos humanos de la Asamblea Nacional, estregó este miércoles a la Comisión Permanente de Política Interior, el informe y pruebas, entre ellas los videos donde se evidencia la crueldad con la que actuaron los privados de libertad en los calabozos de la Policía del Táchira durante un mes que duró la situación de secuestro y “en la que la negligencia por parte de funcionarios del gobierno nacional y regional fue la característica que más resaltó”.

La mayoría de los miembros de la Comisión de Política Interior de la AN, presidida por Delsa Solórzano, aprobó asumir el caso y elevarlo a la plenaria del parlamento para ser discutido, y propiciar políticas que permitan evitar que hechos tan bochornosos sigan ocurriendo en las cárceles del país.

En el informe presentado por Duarte como miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos se explica a grandes rasgos lo ocurrido desde el 8 de septiembre cuando se inicia el motín donde fueron secuestrados en calidad de rehenes 10 mujeres, familiares de detenidos, y 2 funcionarios policiales que estaban de guardia ese día, y las barbaridades que se cometieron hasta el 7 de octubre cuando la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, se presentó a resolver la situación.

Durante ese mes, en el cual ni el gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora, como comandante de la Policía regional, ni la ministra de asuntos penitenciarios, institución creada específicamente para administrar y resolver la situación de las cárceles en país, manifestaron su voluntad para tratar de resolver la situación, dejando que ocurrieran atrocidades como mutilación de privados de libertad (les cortaban los dedos), extorsiones a familiares de los presos con la excusa de respetarles la vida, acoso psicológico permanente, y lo más grave, el asesinato de dos reos, Anthony Kelvis Correa Sepúlveda y Juan Carlos Herrera, a quienes luego descuartizaron y sus partes obligadas a comer al resto de los reclusos (prácticas de canibalismo), detalla Duarte.

Destaca el informe presentado la condición de transitoriedad de los calabozos de Politáchira, los cuales no cuentan con las mínimas normas para la reclusión de penados, y procesados, lugar destinado para albergar 120 personas, pero allí se encontraban más de 370 reclusos, “generando a todas luces una situación de hacinamiento grave que es reconocida por el propio Defensor del Pueblo quien expresó que ‘una estación policial no puede ofrecer nada a un detenido’, frase que se patentó de manera brutal en el Táchira, donde el gobernador además ha venido incumpliendo con el Decreto N° 277 de fecha 03 de Noviembre de 2011, publicado en Gaceta Oficial del Estado Táchira Número Extraordinario 3261 de la misma fecha, que regula la recepción de ciudadanos aprehendidos en flagrancia, por lo que incurrió en el delito de prevaricación como funcionario público, al igual que Iris Varela, el ministro de Interior y Justicia y el propio presidente Nicolás Maduro, quienes permitieron que toda esa salvajismo ocurriera”.

Ante lo expuesto, en el informe presentado por Franklin Duarte se solicita a la Comisión de Política Interior condenar los hechos suscitados en los calabozos del Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira, establecer la responsabilidad política, penal, administrativa y civil de la Ministra de Asuntos Penitenciario, del Ministro de Interior y Justicia, del Gobernador de Estado Táchira, y del Presidente de la República, y solicitar ante la Fiscalía General de la Republica las Responsabilidad contra estos mismos funcionarios, así como remitir el caso al Comité DDHH de la Organización de las Unidas, (ONU).