Opacidad en el manejo de los recursos del Estado, que los ciudadanos se vean obligados a pagar más impuestos y mayor impresión de dinero inorgánico serán algunas de las consecuencias que acarreará la ejecución del presupuesto 2017, aprobado la semana pasada por el gobierno, sin la autorización de la Asamblea Nacional, según especialistas.

Los economistas Anabella Abadi, consultora de la firma ODH, y Víctor Álvarez, ex ministro de Industrias Básicas de la gestión del presidente Hugo Chávez; así como Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, coinciden en que el presupuesto se diluirá con la inflación y será insuficiente para pagar la deuda con la educación, salud y seguridad que tiene el gobierno.

Advirtieron que el hecho de que el gobierno fijará la Ley de Presupuesto 2017 en 8,5 billones de bolívares es un aviso de que se imprimirá dinero para financiarlo, porque no cuenta con esos recursos y, además, recurrirá a créditos adicionales.

Abadi indicó que en septiembre había 6,7 billones de bolívares en circulación, lo que indica que habría que utilizar todo el dinero disponible y más. “Se oficializó la impresión de dinero para aumentar la liquidez monetaria y financiar el presupuesto”.

De Freitas reiteró que los 8,5 billones de bolívares no se ajustan a la realidad, se diluirán con la inflación y no cubrirán la deuda del gobierno con la educación, la salud, la seguridad ciudadana, los adultos mayores y las cárceles.

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