La lista de funcionarios venezolanos sancionados por el Gobierno de Estados Unidos, bien sea por sus nexos con el narcotráfico, con el terrorismo o por violar Derechos Humanos, no para de crecer y esta semana la han engrosado al menos dos magistrados delTribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Departamento de Estado notificó esta semana a los miembros de la Sala Constitucional, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado Rosales, que sus visas para ingresar a su territorio habían sido revocadas. Aunque ni Washington ni la embajada estadounidense en Caracas dieron a conocer la información, fuentes cercanas a Zuleta confirmaron que ella “recibió un correo donde le anunciaban que le anulaban su permiso para ingresar a Estados Unidos sin explicación ninguna”.

Zuleta y Delgado son dos de los magistrados que han redactado o suscrito sentencias que le han arrebatado potestades a la Asamblea Nacional (AN) y, por ello, en predios judiciales dan por hecho que la sanción está sustentada en la Ley de Defensa de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Venezuela, mediante la cual el Congreso de EE. UU. autorizó al presidente de ese país, Barack Obama, a retirarle las visas y congelarle las cuentas y bienes a los funcionarios venezolanos sospechosos de violar los DDHH y atentar contra la democracia.

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