La organización Una Ventana a la Libertad dedicada desde hace más de 18 años a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, manifiesta su preocupación por la situación de secuestro que se registra en los calabozos de la Policía del Táchira (Politáchira), en San Cristóbal (occidente del país),  la cual alcanza hoy los 26 días continuos y lamenta la falta de acciones efectivas, por parte de las autoridades penitenciaras, para resolver este conflicto.

La situación de secuestro se inició el jueves 8 de septiembre, luego de que un grupo de reos retuvieran a dos funcionarios policiales y a unos 10 familiares que hacían la visita, en protesta por las condiciones de hacinamiento en las que permanecen detenidos en el comando policial.

Según informaciones recibidas por “Una Ventana a la Libertad”, los internos exigen ser trasladados a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, ya que en el Cuartel de Prisiones de Politáchira permanecen en hacinamiento y sus derechos humanos son violados permanentemente. Esta petición de traslado les ha sido negada.

Estos calabozos tienen capacidad para albergar a 120 personas y actualmente mantiene 350 detenidos. Este centro de detención preventiva fue diseñado para mantener privados de libertad por un tiempo máximo de 48 horas, sin embargo actualmente permanece en las instalaciones por tiempo indefinido.

Al lugar han acudido representantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, del Circuito Judicial Penal del Táchira, de la Gobernación del Estado Táchira, de la directiva de Politáchira y representantes del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, para intentar dialogar  con los detenidos y buscar una solución, sin lograrlo.

El pasado 15 de septiembre, tras ocho días de haber iniciado la situación de secuestro, los privados de libertad decidieron liberar a una joven de 25 años de edad, con ocho meses de embarazo.

Con el paso de los días la protesta se ha radicalizado. Durante las dos últimas semanas los privados de libertad que lideran la situación de secuestro han enviado imágenes, sonidos y vídeos de situaciones violentas que han perpetrado contra otros privados de libertad.

El pasado 26 de septiembre el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Franklin Duarte, quien es miembro de la Comisión Especial de la AN designada para atender la problemática registrada en los calabozos de Politáchira, presentó a la prensa regional un vídeo en el que se observa cuando los presos que protagonizan la protesta le mutilan, a sangre fría, el dedo a un compañero. Aunque se presume que el hecho constituyó una nueva medida de presión por parte de los privados de libertad amotinados, para recibir respuesta a sus peticiones, el director de Politáchira, comisionado Amador Torres, informó que la agresión al interno, quien no forma parte del grupo de amotinados, obedeció a un caso de extorsión.

Han circulado también imágenes de otros presos, golpeados en el rostro, o amenazados con cuchillos o armas de fuego en la cabeza, que habrían sido enviadas a familiares, como advertencia de lo que les podría pasar si no acceden a pagar extorsión.

Por otro lado, el pasado miércoles 28 de septiembre, durante la entrega de almuerzos a los privados de libertad, siete detenidos que permanecían en un vehículo de traslados, en el patio interno de Politáchira, lograron engañar a los funcionarios que los custodiaban, en un descuido salieron del camión e ingresaron a los calabozos donde se desarrolla el motín, y se unieron a los demás internos que encabezan el conflicto, agudizando más la situación.

A casi un mes del inicio de la situación irregular permanecen secuestradas 9 personas que se encontraban de visita en la comandancia cuando inició la situación irregular:1- I. Franco Trujillo, 34 años. 2.- H. Bonilla Luna, 21 años. 3- L. Durán , 28 años. 4- S. Hernández, 27 años. 5- M. Guerrero Carrillo. 6- I. Zabaleta Centeno. 7- L. Carvajal Palacio, 26 años. 8- L. García Puerto, 44 años. 9- K. Mendoza Vivas. A este grupo se suman  los funcionarios activos de Politáchira: Oficiales M. Muñoz Archila, de 31 años, y  L. Sira.

El pasado domingo 3 de octubre, Monseñor Mario Moronta, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal confirmó su intervención en el conflicto en calidad de mediador.

Monseñor Moronta hizo un llamado a los internos a tomar conciencia de sus actos y pidió que sea reguardada la vida de todos los involucrados en el hecho.

Una Ventana a la Libertad insta a las autoridades a ejercer acciones inmediatas, en un contexto de respeto a los derechos humanos de los secuestrados y de los privados de libertad, para solucionar la situación y las causas que la originaron.