Fuentes extraoficiales refieren que Hernández nunca fue visitado por sus familiares en Polichacao, y aunque tenía una medida para ser trasladado a un centro para esquizofrénicos, las autoridades no llegaron a concretar ese traslado porque nunca lograron comunicarse con sus parientes: «Los alimentos que comía se los daban sus compañeros de celda».

Antes de morir Hernández fue víctima del «ruleteo hospitalario». En el Hospital Domingo Luciani lo remitieron al Algodonal y en ese centro lo remitieron al hospital Vargas, pero en este último hospital lo trasladaron de nuevo a la sede de la Policía Municipal de Chacao.

Hernández estaba detenido por el delito de abuso sexual. Funcionarios de Polichacao lo apresaron al tener conocimiento que estaba solicitado por el Tribunal Quinto de Control de Los Teques, en el estado Miranda.

Este viernes el director de seguridad integral de la alcaldía de Chacao, Gustavo Duque, dijo que hace dos semanas funcionarios de Polichacao notificaron al Tribunal Quinto de Control de Los Teques, a la Fiscalía 14 en materia de Derechos Fundamentales y a la Defensoría del Pueblo, que el estado de salud del detenido se había deteriorado: «Se les había pedido el traslado a un centro de salud, pues desde 2015 no habíamos ubicado a ningún familiar. Nosotros tenemos la capacidad de prestarle el servicio de salud a los detenidos con Salud Chacao, pero cuando se presenta un cuadro de tuberculosis lo ideal sería que fuera recluido en un centro asistencial que pudiera atender situaciones de esa envergadura».

Duque advirtió que en los calabozos de Polichacao hay un detenido con VIH desde el 1 de junio. El funcionario dijo que pese a que al funcionario le dieron un cupo de traslado para la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, no lo aceptaron por su condición de salud. En esos calabozos también está detenido el «monstruo del Guaire», Alexander José Ramírez Eredia, de 26 años de edad. El delincuente, conocido por lanzar al río en septiembre de 2015 a sus dos hijastros, no ha sido trasladado a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, porque no tiene cédula de identidad.

La Policía Municipal de Chacao está intervenida por el Ministerio de Interior y Justicia desde el 30 de mayo por las investigaciones que se realizan para determinar la vinculación de funcionarios de esa policía con el asesinato del Mayor General (r) Félix Velásquez, registrado en Santa Mónica. Aunque el proceso de intervención era de 90 días, fuentes extraoficiales informaron que la intervención se extendió por 90 días más.

A juicio del director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, el derecho a la vida es inviolable: «Eso lo contiene nuestro texto constitucional y si esa persona que murió bajo la responsabilidad de ese cuerpo policial, esa policía debe responder ante los organismos públicos por ese señor que falleció. El Observatorio Venezolano de Prisiones está solicitando a la fiscal Luis Ortega Díaz una investigación sobre ese fallecimiento. Ningún cuerpo policial que tenga a su cargo la vida de un ser humano, es que se le muera en sus calabozos porque no le den permiso. Por encima de cualquier excusa, está el derecho a la vida».