En CVG-Aluminio del Caroní (Alcasa), la palabra del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se hace cumplir: este viernes se conoció que 7 gerentes de la empresa, todos con con más de 20 años de servicio, recibieron el mazazo del despido por haber firmado la solicitud de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
La información fue divulgada por el diario Correo del Caroní, el cual reprodujo declaraciones de Rómulo Mesones, directivo del Sindicato de Trabajadores de CVG-Alcasa (Sintralcasa), quien instó al presidente de la factoría a defender el derecho de los alcasianos a disentir y a tener un puesto de trabajo digno y estable, garantías claramente establecidas en los artículos 87, 88 y 89 de la Constitución Bolivariana.
«Este gobierno, que se hace llamar obrero, quiere acabar con la última reserva moral del país: trabajadores y estudiantes (…) Están haciendo un recordatorio de lo que fue la lista Tascón para que sintamos miedo de impulsar el revocatorio», dijo Mesones al impreso guayanés.
Los 7 gerentes de Alcasa se suman a la creciente lista de empleados públicos cesanteados por orden expresa de Cabello. Este jueves, de nuevo, el dirigente oficialista pidió al personal de la administración estatal denunciar a los superiores «escuálidos» para expulsarlos de los organismos del Estado.
Esta semana, la Organización No Gubernamental (ONG) Provea reportó que procesa 200 casos de despidos en el Seniat, también por haber suscrito la petición de consulta electoral sobre la continuación o no de la gestión de Maduro.
Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG, indicó a RunRunes que aunque las acciones de discriminación laboral por razones políticas no son nuevas ( despidos en Pdvsa anunciados por el entonces presidente Chávez, listas Tascón y Maisanta), lo que sí es inédito es que altos voceros del gobierno lo admitan de manera tan abierta como recién lo ha hecho Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y dirigente del Psuv al afirmar que la orden de botar a empleados «traidores» proviene del propio jefe de Estado.
«La declaración de Rodríguez demuestra dos hechos: ya este tipo de discriminación es una política de Estado y el responsable directo es el Presidente», puntualizó Uzcátegui al insistir en la necesidad de que los empleados cesanteados denuncien sus casos en las diversas instancias obligadas a atenderlos: Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y tribunales. «Necesitamos documentar hoy, aunque pudiera resultar inútil, para que mañana puedan establecerse las responsabilidades y sanciones», insistió.
El vocero de Provea cree que la creciente ola de despidos, empujada por la iniciativa de referendo revocatorio presidencial, evidencia la necesidad de promover la aprobación de una Ley Contra la Discriminación Política, precisamente porque hasta ahora no hay un esquema jurídico especial que ampare a las víctimas y penalice a los transgresores.
