En  un comunicado difundido este miércoles en la tarde, la junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Barinas, se pronunció en contra de la medida judicial a través de la cual el Tribunal Segundo de Primera instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y de Tránsito de esa entidad le prohibió a tres medios impresos regionales publicar información relacionada con el gobernador del estado, Adán Chávez.

A juicio de la organización gremial se trata de una clara agresión y limitación a las libertades de expresión e información en Venezuela.

El CNP cuestionó a la titular de la referida instancia, jueza Nayade Mercedes Osorio, por pretender silenciar a Diario La Prensa, Diario La Noticia y Diario Los Llanos, al haber admitido un amparo constitucional cuya cautelar impide la publicación de denuncias sobre indicios de corrupción en los cuales se involucre al primer mandatario estadal que no hayan sido ventiladas por los órganos jurisdiccionales correspondientes.

 “El acto judicial, que se hace público el martes 23 de agosto en horas de la tarde a partir de la entrega de la boleta de citación a los editores para que acudan a la audiencia oral en las próximas 96 horas, se produce tras varias denuncias de presuntos hechos de corrupción que involucran al gobernador de Barinas, Adán Chávez, y que han sido sustentadas y procesadas ante la Comisión de Contraloría del Poder Parlamentario por el diputado de la Asamblea Nacional Freddy Superlano, representante del partido Voluntad Popular”, contextualizó el secretario general del CNP Barinas, Wolman Linares.

Es evidente el uso de la vía judicial para limitar y neutralizar al mensajero, que somos los medios y los periodistas, pues saben que no tienen la correlación de fuerza política en la Asamblea Nacional para despojar de la inmunidad parlamentaria a los denunciantes que gozan de esa prerrogativa, alegó el periodista barinés.

Al CNP le resulta sorprendente que mientras la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional procesa innumerables presuntos casos de actividades tipificadas como delito en la Ley Anticorrupción bajo la gestión de Adán Chávez, se pretenda colocarle un escudo protector al denunciado.

A la organización de comunicadores le preocupa que se use a los tribunales, garante de la administración de justicia del país, para limitar el derecho a la Libertad de Expresión y Libertad de Información consagrados en la Constitución, en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1.948; en el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el artículo 4º de la Declaración Americana de Derechos del Hombre y en el artículo 13.1 del Pacto de San José.

«El gremio que tiene en nuestra ley y en nuestro código de ética la sagrada misión de resguardar y defender la Libertad de Expresión, rechaza ante la opinión pública, regional, nacional y mundial, esta acción que viola el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que persigue como objetivo, callar los resultados del periodismo de investigación y las indagatorias adelantadas por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre actuaciones de organismos bajo la gestión del actual gobernador de Barinas», concluyó el comunicado.