La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, denunció que tras un segundo encuentro con funcionarios destituidos, su oficina ha contabilizado más de mil casos de empleados públicos «botados» por haber firmado la solicitud de referendo revocatorio.

“Fueron destituidos por haber ejercido su derecho constitucional. Destacamos los casos de dirigentes sindicales y de madres que acababan de parir, en período de lactancia, y otras que estaban embarazadas”, aseguró Solorzano.

Solórzano precisó que la mayoría de los denunciantes son trabajadores del Seniat, Corpoelec, Banco del Tesoro, Banfanb, PNB y la Fundación Simoncito.