OVP presentó un Portafolio de Propuestas Penitenciarias para frenar el retardo procesal y la violencia carcelaria
OVP presentó un Portafolio de Propuestas Penitenciarias para frenar el retardo procesal y la violencia carcelaria

Bautizo portafolio OVP

 

Por más de seis horas expertos en materia penitenciaria y en Derechos Humanos debatieron sobre los problemas, que consideran, hay en la actualidad en el ámbito penitenciario y expusieron las posibles soluciones para frenar el hacinamiento, el retardo procesal y la violencia en los centros carcelarios. Las propuestas de los especialistas fueron reforzadas con citas que los ponentes hicieron de la publicación presentada por el Observatorio Venezolano de Prisiones 

@Angelicalugob

«Esta publicación presenta el problema que hay en el ámbito penitenciario, y también expone las soluciones», aseguró el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, cuando presentó la publicación: Portafolio de Propuestas Penitenciarias. Se trata de un libro, que en cinco capítulos distribuidos en 168 páginas, expone el análisis de los problemas y posibles soluciones al retardo procesal, a la violencia carcelaria, a las condiciones precarias de atención integral a la salud, a la escasez de custodios asistenciales, a la corrupción y al ocio carcelario.

Por ejemplo, en el capítulo I que hace referencia a la población reclusa, se presentan propuestas para contrarrestar la violencia carcelaria en el país. Desde los poderes ejecutivo, judicial y ciudadano. Dos de las 15 propuestas para frenar la violencia carcelaria desde el poder ejecutivo son: «Promover la participación de los reclusos en los programas recreativos, culturales y deportivos dentro de las edificaciones penitenciarias y promover la participación de los reclusos en los programas de atención psicológica, deportiva y cultural».

Durante la jornada los expertos en materia penitenciaria advirtieron que el hacinamiento carcelario es de un 190 por ciento. Durante su ponencia el abogado Daniel Badell Porras dijo que este problema es una consecuencia del retardo procesal y detalló que, por ejemplo, en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en San Juan de Los Morros, sólo hacen dos traslados por semana de detenidos a tribunales: «Estos traslados los realizan los martes y jueves, pero siempre hay demoras pues las audiencias las pautan a las 9:00 de la mañana en Caracas y cuando el preso llega, ya la audiencia fue suspendida».

Badell también expuso que es necesario que los jueces, fiscales y funcionarios públicos sean independientes. «Un defensor público gana 18.000 mil bolívares mensuales. Por lo general en ese periodo tienen que atender unos tres mil casos», precisó.

Salud de los reclusos es responsabilidad del Estado

El fundador de la asociación civil Acción Solidaria, Feliciano Reyna, inició su presentación haciendo referencia a las consideraciones que exponen los representantes del OVP en la publicación Portafolio de Propuestas Penitenciarias con respecto al tema de la salud. Reyna leyó una cita que está en la página 68: «La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica».

Sin embargo, Reyna advirtió que en una oportunidad la organización que representa le hizo seguimiento al caso de un preso que murió de Sida por no recibir atención inmediata. El especialista explicó que el recluso estaba privado de libertad en uno de los anexos del Centro Penitenciario Rodeo, ubicado en el estado Miranda: «Nos tocó hacerle seguimiento a esta persona que tenía Sida y cuando le notificamos a la jueza que debía ser trasladado a un centro de salud, la funcionaria nos dijo que había amenaza de fuga con ese preso que murió dos semanas después. Este tipo de casos se deben tratar. Son necesarios los tratamientos individualizados y que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, se apliquen».

En Portafolio de Propuestas Penitenciarias el OVP detalla cuáles deben ser las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como las Reglas Mandela. Una de las primeras se refiere a las condiciones de las áreas de alojamiento de los presos: «Los locales de alojamiento de los reclusos, y especialmente los dormitorios, deberán cumplir todas las normas de higiene, particularmente en lo que respecta a las condiciones climáticas y, en concreto, al volumen de aire, la superficie mínima, la iluminación, la calefacción y la ventilación».

En la página 81 de la publicación, los representantes del OVP refieren que entre las fallas de la situación actual de las condiciones de atención integral a la salud destaca que «hay personal médico insuficiente, desabastecimiento de medicinas, precarias condiciones de los espacios destinados a las consultas médicas, severas fallas en el suministro de alimentos, pésimas condiciones higiénicas y deficiente sistema de recolección de desperdicios».

Crisis carcelaria se trasladó a calabozos

El abogado y criminólogo, Luis Izquiel, destacó que el hacinamiento que hay en calabozos policiales es consecuencia de los retrasos en la asignación de cupos de traslados para centros penitenciarios. Explicó, que según datos oficiales, en la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta, 1.500 detenidos están distribuidos en un espacio que tiene capacidad para albergar a 300 personas en por un tiempo de 48 horas: «La crisis penitenciaria se ha trasladado a los calabozos policiales. Según estimaciones basados en estudios, cerca del 70 por ciento de los presos en el país no tienen una sentencia condenatoria (…) Con respecto al hacinamiento que hay en los centros penitenciarios, vemos que no hay espacio para el tratamiento de los reclusos o para clasificarlos en grupos de procesados o penados».

Izquiel advirtió que, aunque en 2012 la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, prometió la construcción de 24 cárceles, durante su gestión ha clausurado centros como La Planta y las cárceles de Coro, Sabaneta y de Los Teques.

Posteriormente el penitenciarista Pedro Rondón lamentó que pese a que en Venezuela hay más de 2.000 especialistas que manejan su área, en el ministerio de Servicio Penitenciario sólo trabajan cinco penitenciaristas. «Tengo confirmada esta información por parte de empleados de este ministerio. Otro de los elementos que preocupa es que en Venezuela deberían haber al menos 12.000 custodios en todos los centros penitenciarios, pero en la actualidad sólo 4.217 personas están dedicadas a estas funciones en las cárceles. ¿Qué podemos hacer ante esta carencia?», manifestó.

En la presentación de Portafolio de Propuestas Penitenciarias también estuvo presente el abogado y especialista en derechos humanos, Carlos Ayala Corao, quien expuso en la publicación que se trata de un aporte fundamental para el estudio y comprensión de la grave situación de los reclusos en las cárceles de Venezuela: «Es sin duda la mejor documentación fáctica y jurídica de esa crisis; y por ello es en sí una denuncia ante la sociedad venezolana y ante el mundo de esta triste e irritante situación. Pero además, este portafolio contiene unas propuestas sectoriales destinadas a superar esa situación, por lo cual es de obligatoria consulta no sólo entre académicos, defensores de derechos humanos y organismos internacionales, sino también y sobre todo, para el propio estado Venezolano a fin de que pueda tomárselas en serio y finalmente elaborar y poner en marcha un plan coherente de políticas públicas y acciones necesarias para respetar y hacer respetar los derechos humanos de los reclusos de nuestro país».