Considerando

El deber que corresponde a las Universidades en la orientación de la vida del país mediante su contribución en el esclarecimiento de los problemas nacionales, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Universidades, y numeral 2 del artículo 6 del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello.

Considerando

Que constituye un derecho fundamental para la existencia de un sistema democrático la libre participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución.

Considerando

Que la violación de los derechos a la libertad, a la comunicación, al debido proceso y a la integridad física, psíquica y moral de toda persona por parte de funcionarios públicos, consagrados expresamente por la Constitución, acarrea su responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Considerando

Que el pasado domingo 19 de junio de 2016, fueron detenidos sin orden judicial alguna, y sin que hubieren sido sorprendidos cometiendo algún delito, los abogados Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, quienes en ejercicio de los derechos constitucionales prenombrados simplemente se trasladaban para participar en las actividades relativas a la validación de firmas para la solicitud de la realización del Referéndum Revocatorio del Presidente de la República.

Considerando

Que los abogados Márquez y San Miguel fueron sometidos a interrogatorios por funcionarios policiales y militares sin estar asistidos por un defensor y, sin haber sido presentados ante un Juez fueron señalados públicamente por autoridades civiles y militares como responsables de la comisión de graves delitos.

Considerando

Que las violaciones constitucionales antes referidas a las que han sido sometidos estos dos miembros de la comunidad ucabista constituyen una situación reiterada de la cual han sido víctima muchos venezolanos.

Acuerda

Primero: Rechazar de manera enfática la detención ilegal de los abogados Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, lo que constituye una violación flagrante de la Constitución por parte de los órganos de seguridad del Estado, así como su reclusión en un centro penitenciario, conjuntamente con personas privadas de libertad por delitos comunes.

Segundo: Rechazar la permanente criminalización por parte del Estado venezolano del ejercicio de los derechos civiles y políticos. El ejercicio de los derechos constitucionales no debe traer como consecuencia el sometimiento a medidas restrictivas ni privativas de libertad.

Tercero: Exigirle a los órganos integrantes del Sistema de Administración de Justicia, así como a los órganos de seguridad del Estado, la inmediata libertad de los abogados Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, y el respeto de su integridad física y moral.

Cuarto: Reiterar que el respeto de los derechos constitucionales a la libertad, comunicación, libre tránsito y participación política constituyen los pilares más básicos del sistema democrático, cuya vulneración implica la negación de la existencia misma de este último, por lo que todos los funcionarios públicos están llamados a respetarlos, incurriendo en responsabilidad personal cuando así no lo hicieren. Firman Francisco J. Virtuoso s.j., rector,  y Magaly Vásquez, secretaria.