La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, consideró que es necesario el diálogo en Venezuela para dirimir los problemas por los cuales atraviesa actualmente el país.
En el programa José Vicente Hoy, transmitido por el canal Televen, indicó que la intolerancia, el odio y la poca disposición al diálogo le están haciendo mucho daño a la sociedad.
En ese sentido, hizo un llamado a todos los actores políticos para deponer este tipo de actitudes, pues existe la necesidad de que las partes se entiendan, de lo contrario, los planes y acciones del Estado no van a poder materializarse.
Se preguntó cómo se puede salir adelante y concretar proyectos “si no conversamos, si no hay tolerancia, si no nos entendemos. El diálogo es necesario no solo en el ámbito político sino también para materializar proyectos, y para eso se requiere el concurso de todos los venezolanos”, reiteró.
Puntualizó que las actitudes agresivas contribuyen muy poco a la paz del país, que es el anhelo de la mayoría de los ciudadanos; por ello, pidió a la dirigencia política trabajar en función del bien común.
Respecto al referendo revocatorio manifestó que el Consejo Nacional Electoral es el ente que tiene la potestad de establecer cuál es el procedimiento para solicitarlo y los requisitos. “Se tiene que respetar la decisión del árbitro”, afirmó.
Ante las opiniones que señalan que podrían suceder hechos de violencia de no realizarse la consulta este año, Ortega Díaz descartó ese escenario, pues considera que el pueblo venezolano posee una amplia convicción democrática y una madurez política que antes no tenía.
Añadió que en Venezuela hay estado de derecho y que, en todo caso, se deben respetar las decisiones de las instituciones del Estado, porque de lo contrario se estaría ante una anarquía, la cual siempre conduce a situaciones lamentables.
Inseguridad
La Fiscal General puntualizó que se hace necesaria una revisión a fondo de todas las policías en el territorio nacional, “porque nos encontramos con funcionarios involucrados en hechos de corrupción y en delitos comunes”.
Por otro lado, se mostró partidaria de hacer un balance de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), de analizar cuáles han sido los resultados de las campañas por el desarme, de la cantidad de armas incautadas y destruidas con la intención de medir si en verdad son políticas acertadas en la lucha contra la delincuencia.
La máxima autoridad del Ministerio Público informó que cuenta con una serie de propuestas, políticas públicas y estadísticas, datos que pone a disposición de los organismos del Estado para evaluar los resultados de los planes de seguridad implementados hasta la fecha.
Violencia en Sucre
Durante la entrevista también se refirió a los hechos violentos ocurridos recientemente en el estado Sucre, donde se registró la detención de 454 personas (442 adultos y 12 adolescentes), de las cuales solo 35 quedaron privadas de libertad.
Destacó que a los detenidos se les prestó la atención debida, para lo cual el Ministerio Público envió a esa entidad federal a la directora de Delitos Comunes, Marisela Lucena, y al subdirector del área de proceso en materia de Protección de Derechos Fundamentales, Juan Alberto Barradas; además de fiscales nacionales y regionales, y el fiscal superior de esa entidad, Juan Bastardo. Insistió en que a todos los detenidos se les garantizó el debido proceso y la posibilidad de tener un abogado privado o un defensor público.
Explicó que las 35 personas que quedaron privadas de libertad habrían participado en hechos en los que estaría comprometida su responsabilidad, entre los detenidos están los presuntos responsables de la muerte de una persona en Cariaco y otra en Cumaná. “Por ello, es importante que para el control de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad no utilicen armas de fuego, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo prohíbe de manera expresa en el artículo 68”, precisó.
Resaltó que en todos los casos, el Estado ha dado una respuesta oportuna, garantizando el derecho de los ciudadanos y aprehendiendo a los presuntos responsables de los hechos.
Contra la corrupción
Sobre la corrupción, el Ministerio Público realizó 684 imputaciones, presentó 714 acusaciones, así como 324 personas fueron condenadas por admisión de hechos y 64 en fase de juicio entre enero y mayo de 2016.
Por estos casos están privadas de libertad 400 personas, lo que refleja la lucha constante que mantiene la institución contra este flagelo que tanto daño hace a la sociedad.
En cuanto al manejo irregular de divisas otorgadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, señaló que hay 25 personas detenidas, 199 acusadas y 208 condenadas por admisión de hechos.
Por el caso de los Papeles de Panamá, Ortega Díaz destacó que el Ministerio Público realizó «una gran investigación técnica» que arrojó como resultado la detención de una persona y la solicitud de captura de otras. “A esa persona le incautamos 23 bienes inmuebles a los cuales, actualmente, se les está haciendo el avalúo”, comentó.
Aseguró que por este mismo hecho envió una comunicación a la Fiscal General de Panamá, y se constituyó un equipo conjunto de fiscales venezolanos y de ese país, fundamentado en el artículo 19 del Convenio de Palermo, con el objetivo de investigar a fondo.
Aprovechó para decir que en el caso de Andorra, el Ministerio Público solicitó privativa de libertad contra Nervis Villalobo y Javier Alvarado, “y el jueves de la semana pasada, la Sala 3ª de la Corte de Apelaciones confirmó la decisión del tribunal de primera instancia, de levantar todas las medidas, que es un dinero que también pudo haber sido repatriado a Venezuela y resolver muchos problemas”. Adelantó que el Ministerio Público ejercerá un recurso contra dicha decisión por no estar de acuerdo.
Derechos humanos
Ortega Díaz mostró las estadísticas que reflejan que entre enero y mayo de este año, el Ministerio Público imputó a 229 funcionarios por presuntamente incurrir en violación de derechos fundamentales.
Informó que en relación con este mismo tema se presentaron 142 acusaciones, número que se traduce en 344 funcionarios acusados, pues en un solo escrito pueden estar señalados varios efectivos.
Igualmente, por la presunta violación de derechos humanos hay 72 privados de libertad y 15 condenados.
A propósito de este tema, calificó como significativo el acto organizado por el Ministerio Público y la Comisión por la Justicia y la Verdad el pasado martes 21 de junio en el Teatro Nacional, en Caracas, donde fueron entregados a sus familiares los restos de cuatro líderes sociales
Lamentó que en «la denominada IV República» nunca se investigaron los asesinatos, las ejecuciones, las desapariciones y las torturas de las cuales fueron víctimas miles de venezolanos.
Afirmó que contabilizaron un total de 11 mil 43 víctimas tras la revisión de los archivos que ha realizado dicha Comisión en los tribunales militares, teatros de operaciones, Dirección General de Contrainteligencia Militar, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y otras instituciones.
Advirtió que, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio Público, hay un ataque sistemático interno y externo contra Venezuela, fundamentalmente, en materia de derechos humanos, pues pretenden hacer creer que en el país no se respetan los mismos.