Una treintena de ex mandatarios iberoamericanos llamó el viernes a los gobiernos del continente que autoricen la participación de la OEA en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana.

Una delegación de los ex jefes de estado, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, visitó el viernes al secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro para expresarle su respaldo por haber invocado la Carta Democrática Interamericana al considerar que Venezuela vive alteraciones graves al orden democrático, los cuales argumentó en un informe de 132 páginas.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla dijo que cuando el Consejo Permanente sesione de manera extraordinaria el jueves para recibir el informe de Almagro «queremos que haya una votación acogiendo sus recomendaciones».

El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana autoriza a cualquier estado miembro o al secretario general a convocar al Consejo Permanente en caso de que «en un estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».

El Consejo Permanente tendría la autoridad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual podría suspender a ese país de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 34 estados miembros.

Chinchilla dijo que la OEA es el único organismo capaz de garantizar un «diálogo oportuno, nacional, incluyente y eficaz. No queremos un silencio cómplice. Queremos que los mecanismos diplomáticos de la OEA vengan a dar garantías para que tenga consecuencias y no para que una de las partes simplemente gane tiempo».

A continuación la carta completa:

Señor Secretario General:

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) nos dirigimos a Usted para reiterarle nuestro apoyo, en la esperanza de que la reunión del próximo 23 de junio del Consejo Permanente de la OEA sirva para comenzar a reinstaurar el orden democrático en Venezuela.

Al igual que Usted somos convencidos de que la Carta Democrática Interamericana es síntesis de la evolución y el progreso democrático del Continente y también una actualización del derecho a la democracia de nuestros pueblos y del deber de garantizarlo por parte de los gobiernos.

Suscribimos sus afirmaciones respecto de las graves alteraciones al ordenamiento constitucional y democrático de Venezuela, especialmente tras las elecciones parlamentarias que se realizaron el 6 de diciembre de 2015, en las que el pueblo venezolano otorgó un clamoroso apoyo mayoritario a la oposición democrática. De ellas hemos dado cuenta sucesiva en numerosas declaraciones a partir de la Declaración de Panamá, que hiciéramos pública el 9 de abril de 2015 treinta y tres (33) ex gobernantes, en el contexto de la VII Cumbre de las Américas.

La invocación que Usted ha hecho del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana plantea, en efecto, darle eficacia a la potestad excepcional que se le atribuye a la Secretaría General y al Consejo Permanente, que sin requerir del concurso del gobierno afectado o cuestionado puede efectuar “una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente” a fin de promover la normalización democrática en supuestos de “alteración del orden constitucional que afecten gravemente” al orden democrático. De allí, en primera instancia, el valor de la actuación colectiva y la preferencia que dispone dicha norma por las gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios de la Organización.  

En su Informe de 30 de mayo Ud. da cuenta de la crisis multidimensional que vive Venezuela, justamente por ausencia de “un fuerte sistema político que actuase en el más pleno apego a las instituciones y al Estado de Derecho”. Pone de relieve, para llegar a dicha conclusión, la muy grave crisis humanitaria que afecta sin discriminaciones a toda la población; la constatada existencia de presos políticos y la criminalización de las protestas; el abierto desconocimiento, por el Poder Ejecutivo y por la irregular Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que este coopta, de las competencias constitucionales de legislación y control que corresponden a la Asamblea Nacional, depositaria que es de la soberanía popular; el ejercicio por el Presidente de un gobierno mediante decretos, bajo un supuesto Estado de Excepción y de Emergencia cuya autorización ha sido expresamente negada por el parlamento; y la obstaculización por el Poder Ejecutivo y el Poder Electoral, de una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral mediante el ejercicio del derecho a referendo popular el presente año.

Al expresarle nuestro respaldo y solidaridad por su lealtad insobornable con los deberes que le obligan al frente de la OEA, asimismo hacemos un llamado a nuestros respectivos gobiernos para que, en el debate planteado sobre su Informe, los Representantes Permanentes ante el Consejo estén a la altura de lo que Usted claramente señala: “Ética en la política significa también ser consecuente entre la intención y la acción… es ser fiel a los valores y motivaciones que hacen a una persona participar en la política”. Y es que convenimos con Usted en la importancia del mecanismo del diálogo, para que sea posible y real la cooperación colectiva de la OEA en la normalización democrática de Venezuela; del reconocimiento de que al fin y al cabo corresponde a los venezolanos encontrar, ayudados de buena fe por la OEA, su propia solución; pero admitiendo que “dialogar no es sentarse a hablar, es demostrar compromiso con la democracia”.

El intento oficial de postergar hasta el próximo año el referéndum revocatorio del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, demandado por el pueblo venezolano ante el Consejo Nacional Electoral,  y la represión militar y policial del pueblo hambriento con sus primeras víctimas mortales y heridas, no sólo constituyen un inmenso error y así lo hacemos constar ante Usted; antes bien, le abren la puerta a una sustitución fraudulenta dentro del seno del propio chavismo en la conducción del gobierno venezolano, contraria al espíritu de la Constitución, a la normativa del proceso revocatorio que los venezolanos se han otorgado, y a la clara manifestación democrática del electorado ocurrida el citado 6 de diciembre.

Reciba, señor Secretario, las expresiones de nuestra sincera amistad y agradecimiento,

Oscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Belisario Betancur, Colombia

Armando Calderón Sol, El Salvador

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Fernando H. Cardoso, Brasil

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Eduardo Duhalde, Argentina

Fernando de la Rúa, Argentina

Sixto Durán Ballén, Ecuador

Vicente Fox, México

Eduardo Frei, Chile

César Gaviria T.

Lucio Gutiérrez, Ecuador

Osvaldo Hurtado L., Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Ricardo Lagos, Chile

Jorge Jamil Mahuad, Ecuador

Luis Alberto Monge, Costa Rica

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Sebastián Piñera, Chile

Jorge Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Alejandro Toledo, Perú

Álvaro Uribe, Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay