Las órdenes del presidente Nicolás Maduro de modificar la jornada en la Administración Pública para ahorrar electricidad representan una reducción en el tiempo efectivamente trabajado desde el 25 de febrero hasta ayer. Durante ese período debieron laborarse 34 días, que se traducen en 280 horas, en lugar de 10 días, que representan 164 horas efectivas, señalaron dirigentes sindicales.
Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, sostuvo: “Si seguimos así, el sector público venezolano registrará un récord como el que menos horas ha trabajado. Este tipo de decisiones le hacen un gran daño al país”. Destacó que los principales perjudicados son los usuarios de los servicios que prestan los organismos públicos.
Y es que los plazos para entregar autorizaciones y permisos en dependencias del Estado como las inspectorías del trabajo, tribunales, Consejo Nacional Electoral y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, entre otras, se dan en días hábiles de lunes a viernes, y no se excluyen los no laborables y feriados regulares, además de otros que decrete el gobierno.
Barrios explicó que con el esquema regular, el usuario sabe exactamente cuándo recoger el documento como pasaportes, planillas y permisos del CNE, sentencias de tribunales y solvencias laborales, entre otros. “Con las decisiones gubernamentales basadas en la crisis eléctrica el plazo de entrega se alarga de 8 a 20 días hábiles a 30 y hasta 45 días”, refirió.
El 25 de febrero de 2016 el Ejecutivo redujo la jornada laboral de 8 a 4 horas diarias de lunes a viernes en la Administración Pública central y descentralizada con el objetivo de bajar 30% el consumo de electricidad, meta que todavía no ha logrado. Por ello, a partir del 8 de abril declaró no laborables todos los viernes hasta junio próximo cuando se espera llegarán las lluvias para recuperar el nivel operativo del embalse de la central hidroeléctrica del Guri. Sin embargo, las medidas han ido más allá con la orden gubernamental de declarar no laborables el lunes, el martes y el miércoles de la Semana Santa.
Servando Carbone, de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, indicó que las horas efectivas no trabajadas en la Administración Pública se incrementan más con las marchas proselitistas a las que los empleados son obligados a asistir bajo la amenaza de despido o de desmejoras en sus condiciones de trabajo.
Dichas movilizaciones ocurrieron la semana pasada contra el decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, otras dos por los actos de los sucesos del 11 al 13 de abril de 2002 y la del jueves 14 contra la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda, aprobada por la Asamblea Nacional.
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