El Gobierno de Venezuela solicitará una investigación sobre lo que considera una «desviación» de las funciones del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, luego de que este pidiera la amnistía para opositores presos, informó la canciller, Delcy Rodríguez.
«Hemos decidido solicitar una averiguación por desviación de sus funciones como Sec Gral OEA en contra de Venezuela. Habrá consecuencias», afirmó la ministra de Relaciones Exteriores a través de un mensaje en al red social Twitter.
Esta es la primera reacción del Gobierno de Nicolás Maduro luego de que Almagro, en una rueda de prensa en Washington, pidiera al mandatario venezolano firmar la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento venezolano para liberar a varios opositores presos, entre ellos Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por la violencia desatada tras una protesta.
A juicio de la jefa de la diplomacia venezolana, Almagro «reitera en su odio contra Venezuela» y «violenta todas las normas de funcionamiento de la Secretaría General OEA».
Rodríguez, que ha hecho críticas a la gestión del político uruguayo, aseguró que Almagro «se ha sumado al afán intervencionista de la derecha apátrida venezolana» contra el país.
Para la ministra venezolana, la posición de Almagro muestra que el secretario general de la OEA «solo tiene sentidos para atender el auto perdón de quienes causaron dolor y sufrimiento al pueblo de Venezuela con sus acciones terroristas».
La funcionaria aseguró que la posición de Almagro frente a la ley, que este recibió hoy en Washington de manos de la esposa de López, Lilian Tintori, «solo tiene asidero en su rol de agente al servicio imperial desprovisto de vergüenza».
La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada con el voto de la mayoría opositora que controla el Parlamento venezolano, tiene como objetivo exonerar de responsabilidad a varios opositores en prisión o en el exilio acusados de varios delitos, la mayoría de ellos relacionados con la protestas antigubernamentales de 2014.
El instrumento legal está a la espera de la firma del presidente Maduro, que desde el inicio de la elaboración de la norma ha manifestado su rechazo a la ley, y que luego de aprobada aseguró que «jamás» será promulgada.
Aunque Maduro no podría por si solo poner fin a la iniciativa legislativa, ya que según la Constitución venezolana podría ser aprobada por el Parlamento si el mandatario y la Cámara no llegarán a un acuerdo, el jefe de Estado aún puede remitir el instrumento al Tribunal Supremo de Justicia, alegando que es inconstitucional.
