Llevaban el rostro cubierto, pero se podían ver las insignias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en sus uniformes. A las 2:30 de la madrugada del 17 de agosto de 2015 comenzaron a “peinar” el barrio Villa Zoita, un urbanismo de la Misión Vivienda en la isla de Margarita. Los policías irrumpieron en 172 viviendas y en una de ellas mataron a Ángel Joel Torrealba, de 16 años de edad, quien estaba durmiendo. Era una las redadas llevadas a cabo en las comunidades populares del país como parte de la llamada Operación de Liberación del Pueblo.

Olga Meza, madre del joven, recuerda haber escuchado cuatro detonaciones antes de que el agente del Cicpc encendiera las luces del dormitorio: “Se acercó al cuerpo, le miró el rostro y sacudió la cabeza, dando a entender que mi hijo no era la persona que buscaban”.

Luego de asesinar a Torrealba, los funcionarios obligaron a toda la familia a salir de la vivienda. La madre escuchó más disparos y a uno de los agentes gritar: “¡Un enfrentamiento, un enfrentamiento! ¡Tenía un arma!”.

El relato corresponde a 11 de los casos de ejecuciones policiales que se habrían cometido durante las razzias realizadas en 2015 como parte de la OLP, que fueron directamente documentados por el Programa Venezolano de Educación-Acción y Derechos Humanos y Human Rights Watch. En total serían 20 ejecuciones policiales, cuyos detalles están referidos en un informe titulado “Poder sin límites. Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela”.

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