En Venezuela, conocer la tasa oficial de homicidios, el índice de inflación, los recursos asignados a ministerios y planes gubernamentales, así como los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, puede ser realidad si entra en vigencia la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública.

El término «acceso a la información pública» es poco común para los venezolanos, pues en el país nunca se ha aprobado una normativa que determine que los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a información. Pero en Venezuela, después de haber estado engavetado durante el período legistalivo 2010-2015 el proyecto que la Coalición Proacceso -que está integrada por el Colegio Nacional de Periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad y organizaciones como Espacio Público, Transparencia Venezuela, Cesap, Invesp y Sinergia-, el 3 de marzo fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley.

Venezuela, Bolivia y Argentina, son los únicos países de América Latina que no cuentan con una ley de acceso a la información. El tema es bien conocido por Moisés Sánchez, secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una organización que está integrada por 22 instituciones de 18 países. Sánchez ha estado encargado de acompañar a las organizaciones que han unido esfuerzos para que en sus países se aprueben las leyes de acceso a la información y, aunque en nuestro país el camino ha tenido sus obstáculos, para el especialista los escenarios que genera la nueva Asamblea Nacional son positivos para que entre en vigencia un instrumento legal.

– ¿Qué considera usted es lo más difícil en Venezuela para que se cumpla la ley, una vez que entre en vigencia?

Lo primero que hay que entender es que el acceso a la información es una tendencia en la región donde solamente hay tres países que no cuentan con leyes de este tipo, que son Bolivia, Argentina y justamente Venezuela. Con la salvedad de que en el caso de Argentina ya se está avanzando en este proyecto de ley con fuerte compromiso del gobierno y del congreso. El derecho al acceso a la información es un derecho y un estándar reconocido en América. Es un derecho reconocido, con un marco formal. Es positivo que se haya aprobado en primera discusión una ley de este tipo en Venezuela, porque no es solamente ponerse a tono con lo que pasa en la región, sino porque también da una señal de apertura al debate democrático.

-En sus discursos usted hace énfasis en que las leyes de acceso a la información son importantes para las democracias… 

-Este tipo de leyes son esenciales para las democracias. La Corte Interamericana dijo que el derecho al acceso a la información es necesario para la democracia porque esta se basa en la libre circulación e intercambio de ideas, para eso es necesario poder emitir información y también poder recibirla. Hay un derecho al acceso a la información que hace que toda la información esté en manos del Estado, bajo la administración del Estado, sea por principio pública. Estas leyes de acceso a la información lo que nos vienen a decir es que nos pongamos a tono con los tiempos, pongámonos a tono con lo que son las democracias y las soberanías de las personas. El acceso a la información democratiza un poco el poder, permite que los ciudadanos puedan acceder a antecedentes que usualmente y en otra cultura se consideran como secretos de Estado, que no es ni más ni menos que la manifestación de una emisión de una visión política

-¿Qué efectos tendría esta ley si entra en vigencia y se cumple?

– A veces uno se centra en los casos de corrupción. Por ejemplo, en Chile un niño pide la evaluación de su colegio porque quería saber si su colegio es de calidad o no. El colegio no quiso entregar la información y él fue y reclamó ante un órgano especializado que es el Consejo para la Transparencia en Chile y finalmente le tuvieron que dar la información. Ese tipo de empoderamiento que tiene el ciudadano, desde niños, es lo que te permite la ley de acceso a la información. También hay casos de muchas personas que han pedido información sobre la contaminación que hay en la ciudad, es muy típico por ejemplo ver a ciudadanos pidiendo antecedentes. Por supuesto también hay otras características y casos donde los periodistas han tenido un rol fundamental que es abrir antecedentes con respecto a contrataciones públicas, conflictos de intereses que tienen funcionarios, y esos son todos beneficios que entrega la ley de acceso a la información y el proyecto que se discute avanza en esa línea. Como toda ley de información también considera una serie de causales de reserva que son bastante mínimas y cuyo sentido no es restringir la información, sino restringir la posibilidad que tiene el Estado de tomar cualquier tipo de argumento para decir que hay un secreto de Estado.

– En el caso de Venezuela, ¿qué vacíos considera que hay por no tener una ley de acceso a la información?

Hay un trabajo de Transparencia Venezuela y también de Espacio Público donde han constatado por ejemplo en Naciones Unidas una serie de ausencia de información respecto de derechos económicos, sociales y culturales. Estamos hablando de vivienda, educación, salud,  también por ejemplo, de falta de información sanitaria, o sea, no hay mucha información sobre las distintas pandemias que están afectando, por lo que los ciudadanos no saben en realidad la entidad del problema, tampoco se sabe qué pasa con los subsidios o beneficios sociales. A nivel internacional se ve que Venezuela no cuenta con parámetros informativos y una cosa que realmente llama la atención es que no exista información con respecto a los índices económicos y de la inflación, o de las cifras de homicidios, lo que genera la imposibilidad de que las personas puedan tomar decisiones con información real, y eso abre paso a la especulación. Esos son los casos más evidentes que se ven y eso no pasa en un país que tenga el mínimo respeto por el acceso a la información.

– ¿Qué esfuerzos se pudieran seguir uniendo si la ley de acceso a la información pública llega a ser publicada y no se cumple?

– Es interesante preguntarse qué es lo que tiene que haber en la ley para que realmente funcione. La experiencia internacional lo que demuestra es que estas leyes cuando van acompañadas de órganos garantes del derecho al acceso a la información pública, consejos para la transparencia, realmente se vuelven en instrumentos efectivos para la ciudadanía, porque en la instancia que el ciudadano tenga una negativa de información, ya no se va a enfrentar él solo a toda la administración del Estado y con el costo enorme de tener que recurrir, por ejemplo, a un tribunal de justicia, sino de que va a tener un órgano especializado que en un procedimiento bastante rápido y expedito le va a solucionar ese problema, va a evaluar la situación y va a dar una respuesta pero desde la perspectiva de los estándares de acceso a la información pública. Es importante que los órganos que se consideran en estas leyes tengan las suficientes características de independencia y autonomía.

– En su experiencia, ¿cuál ha sido el país más difícil para que se cumpla una ley de acceso a la información?

– Los países más difíciles han sido los que no tienen ley. Siempre los países que tienen leyes, aunque existan dificultades de implementación, la verdad es que cambia el debate porque ya no se trata de situaciones en las cuales frente a una petición de información tú recibes la respuesta de un funcionario de acuerdo a lo que considere que es público, sino que tiene que ajustarse a ciertas categorías legales.

– ¿Cuáles han sido los países más exitosos en el proceso de aprobación de una ley de acceso a la información?

– México, Chile y Uruguay son los países que han tenido experiencias y órganos garantes que han tenido éxito, pero también hay países de centroamérica como Honduras que por el contexto institucional siempre tienen grandes desafíos, pero la verdad es que el aporte que ha hecho el consejo para la transparencia de Honduras ha sido enorme para la construcción de la democracia del país y si bien no es comparable con otros países que tienen experiencias más formales, por eso es que decimos que siempre es ganancia contar con estos órganos. Estas leyes ayudan, pero no te arreglan el problema, pero sí te ayudan enormemente. Además son un muy buen paso para la construcción de un diálogo democrático. Desde la perspectiva de ese análisis político es clave que en países que están teniendo crisis graves, el gran comienzo de un diálogo es poner las cartas sobre la mesa y eso se llama ley de acceso a la información pública.

– ¿Cómo considera que en un corto, mediano y largo plazo se pueden ver cambios palpables a raíz de la aprobación de la ley en Venezuela?

– Teniendo un órgano o consejo garante, es un cambio palpable, es lo que más destacan los ciudadanos en las distintas experiencias. Es muy distinto tener la información y no tener a donde ir, y tener que contratar a un abogado para eventualmente llegar a una corte superior de justicia, que tener a un órgano facilitador que se hace cargo de ese problema y que va a resolver con una sentencia que es es definitiva si esa información es pública. El cambio sustantivo es un ciudadano no yendo desde la negativa a un tribunal, sino yendo a un ente que lo va a proteger y que va a estar luchando para que esta ley se haga realidad. El consejo para la transparencia es el encargado de lograr que todo se cumpla. Si el consejo para la transparencia dice que algo es público, tiene que ser público. Es una tremenda ganancia. Es un proceso sencillo y rápido para que el ciudadano que no siempre tiene que dar su identificación porque está considerado el anonimato dentro de la ley. En algunos lugares, como Chile o México, se puede pedir la información con nombre de fantasía.

-¿Quiénes deben cumplir con esta ley?

– Esta ley obliga tanto a las instituciones públicas y privadas. Hay dos formas de obligar: una es tener carácter de ente público, de organismo público. Esto pasa en todas las leyes de información. si eres un ente público, de acuerdo con la legislación nacional, tienes que tener información. Si eres un ente privado, tú lo único que tienes que entregar es una información o rendición de cuentas con respecto de los recursos públicos que te fueron entregados, en realidad no es que estén obligados a cumplir la ley, pero sí a rendir cuentas de los recursos públicos que les fueron asignados. Todas las leyes de acceso a la información están evolucionando hacia la inclusión de sectores específicos. Las empresas que prestan servicios públicos, debieran entregar cierta información y es un debate que están en desarrollo. Hay ciertos niveles de transparencia que se requieren en distintos sectores.

-Ha nombrado en varias ocasiones al órgano garante o al consejo que supervisa que se cumpla la ley, ¿qué facultades tiene esta figura?

-El consejo tiene facultades sancionatorias. Cuando no se entrega la información a tiempo, porque la ley establece un plazo para eso, y si no se entrega o se entrega parcial, el consejo tiene la posibilidad de aplicar sanciones pecunarias, multas y hasta la destitución. Los gobiernos tienen un interés en que esa información no se sepa, porque si no se ve de manera concreta la inseguridad que hay en el país, esa información en todos los países en donde se aprobó la normativa, terminó siendo pública. Es insostenible mantenerla en reserva. La historia no los ha demostrado desde el año 2003 cuando fue aprobada en México la primera ley de acceso a la información de América. A partir de allí surgieron una serie de leyes. Ellos fueron los primeros en exponer la necesidad de tener un órgano garante de acceso. Luego vino una avalancha, todos son procesos recientes y con aprendizajes de todo tipo.