Miembros de la policía científica serán sometidos a una investigación interna por su supuesta relación con los asesinatos de 17 mineros, cuyos cuerpos fueron localizados a inicios de la semana en una fosa común en el estado Bolívar.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó hoy que algunos funcionarios de la policía judicial en el estado Bolívar van a ser sacados del organismo y sometidos a averiguación interna como parte de las investigaciones del caso.

Rico dijo que no se descarta que el Ministerio Publico emprenda una investigación penal contra funcionarios de ese cuerpo, así como del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), o algún organismo militar.

Horas después del anuncio, la organización local de derechos humanos Comité de Familiares y Víctimas de los sucesos del 1989, una de las principales del país, difundió un informe en el que señala que de acuerdo a informaciones aportadas por sobrevivientes los asesinatos habrían sido realizados por un grupo de hombres fuertemente armados entre los habían algunos con «chalecos presuntamente del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)».

Cofavic instó al Estado venezolano a realizar una investigación independiente y bajo estándares internacionales para determinar la verdad y capturar, enjuiciar y castigar a todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, «especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales».

Las autoridades concluyeron con la identificación plena de los cuerpos de 14 de los 17 mineros que fueron encontrados el 14 de marzo enterrados en una fosa común en las cercanías de la localidad de Nuevo Callao, estado Bolívar, anunció la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Aún quedan pendientes por identificar otros tres cadáveres a los cuales les practicarán estudios de ADN para determinar su identidad, precisó.

Los mineros fueron asesinados el 4 de marzo en una mina cercana a la población de Tumeremo, estado Bolívar. Las causas de los asesinatos aún no han aclaradas por las autoridades.