La supermayoría parlamentaria alcanzada por la oposición venezolana en las elecciones del pasado 6 de diciembre tiene cada vez menos poder.

Cuando está a punto de cumplir dos meses de su entrada en funciones, la Asamblea Nacional ha sufrido tres reveses a manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que han afectado sus facultades.

Al parecer, se está haciendo realidad el choque de trenes institucional que muchos previeron cuando, poco después de perder las elecciones parlamentarias en diciembre, el oficialismo se apresuró a nombrar 13 nuevos magistrados en el TSJ.

La medida fue polémica no sólo por haberse dado en sesiones extraordinarias durante el asueto navideño sino porque algunos de los magistrados tenían vínculos con el chavismo.

La última de las decisiones del TSJ en detrimento de la AN fue una sentencia anunciada esta misma semana que redujo sensiblemente la capacidad del Legislativo venezolano de controlar al resto de poderes públicos, así como a las Fuerzas Armadas.

La sentencia llega justo cuando la oposición en la AN se dispone a abrir diversas investigaciones sobre casos de corrupción y había citado a declarar a diversos funcionarios, para lo que está habilitada por la Constitución.

«Es una sentencia inválida, inexistente, no vinculante», dijo el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, durante su intervención en el pleno de la Cámara este jueves.

Ramos Allup insistió en afirmar que la sentencia del Supremo «no existe», ya que, aseguró, «viola su propio reglamento». La firman cuatro magistrados cuando según el titular de la AN debieron ser cinco.

Magistrados inamovibles

Otro punto que causó polémica reside en que establece que la AN no puede revisar los procesos anteriores de selección de magistrados del TSJ, por cuanto esto atentaría «contra la autonomía del Poder Judicial».

De esta forma, la Sala Constitucional intenta poner fin a una comisión nombrada por la nueva AN para investigar el nombramiento de los 13 nuevos magistrados realizado por el Parlamento anterior –todavía controlado por el chavismo– a finales de diciembre.

Alberto Arteaga Sánchez, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, considera que ese proceso de escogencia de magistrados fue irregular.

«Esa designación estuvo viciada: no se observaron los lapsos previstos, no se hicieron públicas las postulaciones ni se siguió el procedimiento para ello. Se trató de la sustitución de magistrados, cuya jubilación se forzó para poder hacer los nuevos nombramientos», dijo el jurista en conversación con BBC Mundo.

El abogado Juan Manuel Raffalli considera que con esta decisión el TSJ busca blindar a sus miembros. «El objetivo es que al final la Sala Constitucional, que se ha convertido en una especie de poder constituyente permanente, tenga maniatada a la Asamblea Nacional», dijo a BBC Mundo.

Raffalli afirmó que la Sala Constitucional del TSJ se extralimitó en sus funciones al reducir las potestades de control de la Asamblea Nacional, pues «la sentencia equivale a una reforma constitucional» y «la Sala no tiene esa competencia».

«Han dejado a la AN prácticamente solo con su función legislativa para que apruebe leyes. Han reducido a su mínima expresión el control político por vía de la contraloría y de las investigaciones del Parlamento. Esto implica una alteración de las disposiciones constitucionales que establecen las competencias de la AN y la deja como pintada en la pared en temas cruciales», dijo en conversación con BBC Mundo.

En declaraciones a la televisora pública Telesur, el abogado constitucionalista Enrique Tineo Suquet defendió la legalidad de la anulación por parte de la Sala Constitucional del proceso de revisión de la designación de los magistrados por parte de la AN, por considerar que se basa en la doctrina y jurisprudencia institucional existente, en el marco de la división de poderes.

Por su parte, el diputado oficialista Pedro Carreño advirtió que cuando la AN «se salga del camino de la legalidad», el oficialismo activará «los mecanismos constitucionales» y acudirá al TSJ para plantear un conflicto de competencia o para solicitar una «interpretación de la Constitución».

Sigue leyendo este trabajo de Ángel Bermúdez en BBC Mundo.