Asamblea Nacional aprobó informe sobre elección “ilegal” de magistrados

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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el informe que realizó una comisión especial para analizar la elección de magistrados en diciembre pasado, en el que se concluye que en el procedimiento supuestamente se violaron la Constitución y las leyes.

En el informe, presentado en la sesión ordinaria del 1 de marzo por el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, se indica que la comisión especial hizo una evaluación exhaustiva del proceso de selección de los jueces que impulsó el Parlamento de mayoría chavista que cesó en sus funciones en enero pasado.

Berrizbeitia aseguró que el comité de postulación judicial que se constituyó para escoger a estos magistrados estuvo conformado “exclusivamente” por diputados oficialistas y que utilizó “mecanismos y procedimientos al margen de la Constitución”.

Asimismo, la elección, según el diputado opositor, violó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Reglamento de Interior y Debate de la AN “para hacer el nombramiento exprés” de los 13 magistrados principales y 21 suplentes.

En el informe se indica que en la elección de los jueces hubo “violaciones” al procedimiento “por la ex temporalidad de la convocatoria” así como “al debido procedimiento en la publicación de los postulados” y en cuanto al lapso de las impugnaciones, entre otras.

Asimismo, se asegura en este reporte que un grupo de magistrados fue obligado a renunciar a sus cargos “bajo amenaza” después de que el chavismo supiera que sería arrasado en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.

En el informe se recomienda “revocar el acto de la AN dictado en la sesión de fecha 23 de diciembre de 2015, mediante la cual se acordó designar a los magistrados principales”.

También se pide que se determinen las responsabilidades de este acto que supuestamente violó las leyes y que “una vez declarada la revocatoria del acto de selección” de los magistrados, “notificar mediante oficio” a la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez.

El diputado chavista Pedro Carreño dijo lo que busca “la derecha” con esta discusión sobre la elección de los magistrados es dar un paso más en su supuesto plan para dar un golpe de Estado.

“Para que esta derecha pueda materializar su golpe fascista pasa por el control del TSJ”, dijo y señaló que el papel de la bancada chavista es constituirse en una “camisa de fuerza” cada vez que la oposición “cometa desafueros, viole las leyes, viole la Constitución”.

El también chavista Eustoquio Contreras señaló que “lo que se busca” con este informe es “obligar” al Supremo a darle la razón al oficialismo “con la idea de ir creando el supuesto y la imagen de que el TSJ está al servicio de la bancada bolivariana y de Gobierno por una pretensión de prostituir la imagen de la separación de poderes”.

“No vamos a permitir el asesinato moral de nuestros gobernantes y de nuestros dirigentes políticos, no vamos a permitir que se nos estigmatice como órganos arrodillados a una tendencia política, los poderes públicos en su distribución”, dijo.

El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup dijo, tras ser aprobado el informe por la mayoría opositora, que la implementación de las recomendaciones serán “arbitradas por la Cámara” más adelante.

Esta decisión se produce después de que el TSJ advirtiera más temprano en una sentencia que la Constitución prevé “límites democráticos” a la tarea fiscalizadora del Parlamento.

El Supremo indicó que la Constitución atribuye a la AN “competencia de control político” sobre el Gobierno, pero no sobre el resto de los poderes del Estado ni tampoco sobre los gobiernos regionales y municipales.

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