La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el inicio de una investigación por las múltiples denuncias de irregularidades administrativas cometidas a través de los distintos mecanismos del control de cambio vigentes en Venezuela desde 2003 hasta la fecha, por un monto superior a los 200 mil millones de dólares, tras la denuncia presentada por el diputado Ismael García, vicepresidente de esa instancia.

Entre otros casos, García pidió investigar el uso de $230 mil millones asignados para la importación de alimentos, ya que aseguró que 60% de ese dinero se otorgó a empresas de maletín. «54% de los alimentos importados entre 2008 y 2010 se entregó a Pdval, pero 44% de esa comida se pudrió en los contenedores. No hay ningún responsable por las 116.808 toneladas de comida que se pudrió en los puertos», aseveró.

El Presidente de la Comisión, diputado Freddy Guevara, explicó que la investigación abarca a funcionarios, ex funcionarios y empresarios señalados por la presunta comisión de ilícitos administrativos en perjuicio del patrimonio público a través de cuatro esquemas: sistema financiero, mecanismos de control de cambio, importación de alimentos e importación de medicinas. Serán investigadas las siguientes personas:

a) Sector financiero:

– Ex Tesoreros de la Nación: Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Carlos Erick Malpica Flores.

– Actual Tesorero de la Nación, Nelson Lepaje Salazar.

– Ex ministro de Comercio y actual Superintendente del SENIAT, teniente José David Cabello.

b) Sector cambiario:

– Ex presidente de Cadivi, general Manuel Barroso.

– Presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), general Giuseppe Yoffreda.

c) Sector alimentos:

– Ex Ministros de Alimentación: general Rafael Oropeza, general Félix Osorio, general Carlos Osorio y mayor general Hebert García Plaza.

d) Sector salud:

– Ex Ministros de Salud, general Jesús Mantilla y coronel Eugenia Sader.

– Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, teniente coronel Carlos Rotondaro.

e) Sector privado:

Empresario Tomás González.

“Hemos decidido abrir hoy una investigación por las denuncias relacionadas a casos de corrupción que se conocieron en el país, pero que nunca se abrieron investigaciones, a pesar de que la Contraloría General de la República mantenía conocimiento de los mismos; oficialmente se conoce que entre CADIVI y CENCOEX se liquidaron entre 2003 y 2014, 230 mil millones de dólares para la importación de bienes y servicios, incluidos en estos medicinas y alimentos realizados entre empresas públicas y privadas”, informó García.

Guevara destacó que: «Esta es la segunda mega investigación que abrimos por el gran saqueo sufrido por nuestro país a lo largo de 17 años, luego de la que aprobamos la semana pasada sobre la gestión de Rafael Ramírez al frente de PDVSA. En esta oportunidad, acordamos investigar el esquema de control de cambio impuesto en Venezuela desde 2003, el cual permitió a los jerarcas del gobierno llevar adelante un conjunto de operaciones irregulares por miles de millones de dólares. Esas operaciones incluyen desde la colocación de instrumentos financieros como las notas estructuradas, hasta un sinnúmero de mecanismos cambiarios fracasados que permitieron a unos pocos enriquecerse de la noche a la mañana, pasando por importaciones mil millonarias de alimentos y medicinas que arribaron al país en estado de descomposición o que simplemente nunca llegaron”.

Diputado Pedro Carreño no entregó el informe correspondiente a 2015

La Comisión tenía previsto que el diputado Pedro Carreño entregara hoy su informe de gestión 2015, sin embargo, el diputado no hizo entrega del documento, incumpliendo con lo estipulado en el reglamento que exige esta rendición de cuentas. Carreño pidió el derecho de palabra al culminar la exposición del diputado Ismael García para hacer notar que la Comisión estaba abriendo investigaciones sin pruebas, a lo que el presidente de la Comisión le respondió que las pruebas se recaban una vez iniciada la investigación.

Frente a las acusaciones de corrupción que señalan a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, Carreño acotó que: «Cuando un funcionario roba dentro de un gobierno revolucionario, se trata de un infiltrado», afirmación que causó risa entre los presentes.

Caso Banco Industrial de Venezuela

La Comisión de Contraloría también aprobó la apertura de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de liquidación y disolución del Banco Industrial de Venezuela.

Guevara recordó que cualquier medida debía ser aprobada por la Asamblea Nacional, toda vez que dicho banco fue creado mediante ley del Congreso Nacional en 1937. Indicó que solicitará a la plenaria de la Asamblea Nacional la conformación de una comisión mixta, integrada por Contraloría, Finanzas y Desarrollo Social, para ahondar en el caso de la entidad financiera.

Durante la sesión de la Comisión, trabajadores del banco ejercieron derecho de palabra para denunciar que la medida afecta a 2600 empleados activos y 1080 jubilados en todo el país.