Delsa Solórzano: La Ley de Amnistía promueve la justicia no la impunidad

delsa-solorzano

 

El gobierno gasta mucho dinero y esfuerzo para desvirtuar la ley de Amnistía, que promueve la justicia y no la impunidad, es un clamor nacional, por lo que debe ser una obligación moral del gobierno, que se encuentra en una situación de crisis política y social.

Así lo manifestó la Vicepresidente del partido UNT y Presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, en rueda de prensa, con la finalidad de aclarar aspectos de la Ley de Amnistía que el gobierno está tratando de desprestigiar.

“La Ley de Amnistía promueve la justicia tan necesaria y anhelada hoy por cada venezolano. Promueve la justicia desde todo punto de vista desde nuestros presos políticos. Para los diputados que se encuentran presos. Promueve la amnistía laboral, para todos los empleados públicos que se  sienten perseguidos políticos, por este gobierno”.

Agregó que el proyecto de Ley de Amnistía busca liberar a  los 115 presos políticos que hay en el país y que merecen estar en libertad, porque no han cometido ningún delito. Como  los casos de Manuel Rosales,  Leopoldo López, quienes están presos injustamente porque son inocentes de los hechos que se le imputan, hay documentos y testigos que así lo avalan.

“Todos los hechos contemplados y descritos en la Ley de Amnistía corresponden exclusivamente a casos de reclusión y persecución política que han sido descritos de modo detallado en la ley. Una Ley  de Amnistía, borra de la historia jurídica del país todas las consecuencias legales de los supuestos hechos”.

Citó el caso de la Jueza María Lourdes de Afiuni, a quien pusieron presa por cumplir con su trabajo. “Afiuni fue acusada por graves hechos de corrupción.  La verdad es que lo único que hizo fue administrar justicia, acatando una decisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las  Naciones Unidas que obligaba a liberar un preso político”.

Reveló que otro caso emblemático es el del líder fundamental de UNT Manuel Rosales, que su delito fue haberse atrevido  a ser candidato presidencial contra el difunto Hugo Chávez. “Rosales se atrevió a salir a la calle a decirle a la gente y al mundo que era posible derrotar, por la vía democrática, a un gobierno antidemocrático. Ese es el pecado, el delito que cometió Rosales. Pasó seis años en el exilio y ahora está preso  en el Sebin, en el Helicoide, que es como las mazmorras. La Tumba es otra de ellas y la Prisión Militar de Ramo Verde donde tienen otra cantidad de presos políticos”.

Indicó que en el país opera una “Justicia de Plastilina” como dijo en su oportunidad el Magistrado Aponte Aponte, para poner presos y acusar a todos aquellos líderes políticos que han pretendido ejercer sus derechos de pensar diferente y expresarlo públicamente.

“Hoy la impunidad en Venezuela se encuentra en 98 por ciento, de robos, secuestros, homicidios, atracos, de cada delito que  se cometen diariamente en el país. De cada 100 crímenes  solamente dos son sancionados. Porque jueces y fiscales del Ministerio Público que no gozan de estabilidad están dedicados a la persecución y prisión política. “

Dijo que en Venezuela pensar diferente es un delito y que “el único requisito de la libertad de expresión que se cumple es el de decir, porque después puedes ser perseguido”. Afirmó que en Venezuela no hay libertad para informar, investigar ni hablar.

En cuanto a los argumentos del Estado para contrariar esta ley, aseguró que se trata de una versión manipulada que demuestra que “el dinero del país se sigue gastando en campañas y no en las prioridades de los venezolanos” e insistió en que el documento que se aprobó en primera discusión no contempla ningún delito de lesa humanidad.

Finalmente dijo que no hay forma de vetar la ley ni por el Ejecutivo y tampoco por el Tribunal Supremo de Justicia: “El artículo 214 de la Constitución dice que una vez que la AN aprueba la ley, la mandamos al presidente, quien tiene 10 días para pronunciarse. Puede devolverla, no hacer nada con la ley o devolverla con observaciones. En cualquier caso el Parlamento puede promulgarla. En Venezuela no existe poder de veto presidencial sobre las leyes. Maduro también puede enviar la Ley de Amnistía al TSJ por un asunto de inconstitucionalidad,  pero solo puede decir que tal artículo es inconstitucional y aprobaremos la ley igualito. No hay mecanismos constitucionales para impedir que se legisle sobre la amnistía”.

Enviar Comentarios

Entradas relacionadas