Piden a la comunidad internacional actuar en Venezuela

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Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que la oposición venezolana obtuvo una victoria aplastante y dos tercios de la mayoría legislativa, sumadas a la crisis económica por la que atraviesa el país, debería haber alentado una postura más conciliadora por parte del gobierno y una búsqueda mutua de un acuerdo político básico entre todos los sectores políticos.

Sin embargo, no ha sido así, y el país está muy cerca de una implosión política y económica. A medida que aumenta la posibilidad de una solución extraconstitucional por ambos lados, y también los rumores de un posible golpe de Estado, la Organización de Estados Americanos (OEA) debe tomar cartas en el asunto con urgencia y preparar una iniciativa de emergencia política y humanitaria para prevenir la violencia y un colapso que traería la inestabilidad de la región y profundizaría la miseria de los venezolanos.

Desde que la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional el 5 de enero, ha sido objeto de una campaña de acoso, que va desde ataques físicos hasta las resoluciones desfavorables del Tribunal Supremo (TSJ), que el gobierno controla a través de jueces que les son leales.

En medio de este crítico panorama, el presidente Nicolás Maduro se ha declarado en rebeldía contra la Asamblea y anunció que se negará a firmar o acatar las leyes que se dicten, como la amnistía para los presos políticos. Los ministros del gobierno no han comparecido a las citaciones que se les ha hecho desde el Parlamento. Por otro lado, el TSJ aprobó el decreto de emergencia económica después de que fue vetado por la Asamblea.

Con riesgo de que el Parlamento quede reducido a un foro de debate, la oposición ha anunciado planes para eliminar los jueces del TSJ, cuyo nombramiento se hizo violando las normas de procedimiento. También ha analizado diversas estrategias para adelantar el final del gobierno de Maduro.

El hecho es que está en marcha una gran confrontación constitucional, que amenaza con agravar otros problemas del país y provocar violencia en las calles. Algunos observadores temen que las fuerzas armadas puedan intervenir si no se resuelve la situación.

La crisis podría considerarse puramente política, si no fuera por la delicada situación económica. Hay una grave escasez de alimentos, medicinas y otros suministros vitales, incluyendo los necesarios para hacer frente a la propagación del virus Zika, que recientemente llegó a América Latina y el Caribe y se está extendiendo rápidamente, lo que representa una seria amenaza, especialmente para los recién nacidos. El 17 de febrero, el presidente de la Comisión de Salud del Parlamento pidió a la Organización Mundial de la Salud para proporcionar ayuda humanitaria y enviar una misión técnica a Venezuela para examinar la situación. Pero si el gobierno no accede a la petición, la OMS no puede actuar. Y mientras continúa la parálisis política, hay pocas esperanzas de abordar eficazmente las preocupaciones humanitarias.

Todo indica que ha llegado el momento de que las organizaciones regionales y la comunidad internacional actúen. La Carta Democrática Interamericana de la OEA autoriza una respuesta en el caso de una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro”. Venezuela está cerca de eso. El Consejo Permanente de la OEA debe debatir la situación del país con carácter de urgencia y promover formas institucionales para superar la crisis.

Es importante que el gobierno venezolano reconozca la nueva situación política y actúe en consecuencia, respetando de la autoridad del parlamento. La nueva mayoría legislativa y la oposición en general, por su parte, deberían adherirse a los mecanismos legales. Asimismo, las fuerzas armadas deben abstenerse de tomar partido y cumplir con los procedimientos legales.

Es clave que la comunidad internacional intervenga ahora, tanto para atajar la violencia y prestar asistencia humanitaria como para aliviar la escasez crítica de alimentos y medicinas en Venezuela. La región ha fracasado hasta ahora para fomentar un diálogo funcional en el país. La falta de acción socavaría las normas y valores que han jurado mantener países de América Latina.

Escrito por Sofía Martínez para Crisis Group.

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