Desviar los alimentos que se venden actualmente en 113.000 supermercados de la red privada a 7.000 puntos de venta del Estado, equivale a una reducción de 93,8% en la cantidad de establecimientos donde se pueden adquirir productos de la cesta básica, aseguró Manuel Felipe Larrazábal, presidente de la Cámara Venezolana de Alimentos. Agregó que la medida “incentivaría aún más el bachaqueo, no solucionaría el contrabando, incrementaría el desempleo y, además, estimularía la corrupción”.

Advirtió que el problema de la escasez de alimentos y desabastecimiento se soluciona con más producción y no interviniendo o estatizando la red de distribución privada como han declarado el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, varios diputados y voceros de partidos políticos oficialistas.

Larrazábal afirmó que el gobierno controla 100% la distribución de alimentos a través del otorgamiento de las guías del Sistema Integral de Control Agroalimentario, Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, y sanitarias. El número de guías procesadas cada año para la industria agroalimentaria es de aproximadamente 4.192.968.

“No es posible movilizar la materia prima o un kilo de alimentos sin la autorización del gobierno, tampoco se puede enviar a un lugar distinto del que fue otorgado el permiso”, indicó. La venta al consumidor también la controla el Estado mediante el sistema de captahuellas y el terminal de la cédula de identidad.

Sigue leyendo esta nota de Dulce María Rodríguez en El Nacional.