La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo por la crisis del sistema de justicia venezolano, propuesto por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, que encomendó a la Comisión de Política Interior la elaboración de un plan de emergencia judicial, que legisle para mejorar la situación del sistema de justicia, del penitenciario, de la seguridad ciudadana; que inste a la depuración de los cuerpos policiales, y atienda los concursos de jueces, fiscales y defensores públicos para evitar la impunidad y la politización del sistema de justicia.

El diputado Juan Miguel Matheus (MUD) propuso la creación de un observatorio de impunidad y violencia que forme parte de la comisión y que se adelante una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Matheus inició el debate sobre la crisis del sistema de justicia en Venezuela justo después de que la fiscal Luisa Ortega Díaz presentó el informe anual del MP ante el hemiciclo. El diputado cuestionó todas las cifras de la funcionaria: mientras la fiscal aseguró que los homicidios en 2015 fueron 17.768, el parlamentario afirmó que ascendieron a 27.875.

“En el país hay 91 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio mundial es de 6,2. Cada 18 minutos muere un venezolano por causas violentas. 83% de las muertes violentas se dan en los sectores más populares. A esta revolución no le importan los pobres, solo el poder”, señaló.

Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior, fue quien propuso el plan de emergencia: “Es necesario, porque cuando a alguien lo van a matar no le preguntan si tiene en la cartera un carnet del PSUV”.

El diputado Edwin Rojas (PSUV) rechazó el proyecto y propuso, al igual que la fiscal, una reforma del Código Penal y del Código Orgánico Procesal Penal. Aseveró que en la cuarta república se cometían crímenes que quedaban impunes.

“Quieren la ley de amnistía para sacar de la cárcel a delincuentes. En la agenda está sacar a Leopoldo López de la cárcel, pero no acabar con la criminalidad”, señaló.

Solórzano le recordó al oficialismo que la AN bajo su control reformó el Código Penal en dos oportunidades y el COPP en seis, sin solucionar el problema.

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