Los abogados del Bloque Constitucional de Venezuela introdujeron este martes un documento ante el Consejo Moral Republicano para exigir a esta instancia que «averigüe e investigue» las irregularidades que cometió la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia cuando decidió suspender los actos de proclamación y juramentación de los diputados de Amazonas ante la Asamblea Nacional.

La petición de los juristas contempla que se revise el proceder de los magistrados de la mencionada instancia mediante un proceso breve y sumario, a fin de que la respuesta se dé con prontitud. La intención es que se declare la «falta grave» de la Sala y se destituya a sus miembros.

Perkins Rocha, abogado del Bloque, indicó que la Sala Electoral incurrió «en una grave e inexcusable ignorancia de la Constitución en la violación de principios fundamentales establecidos y en un abuso de poder», tanto con la decisión de la suspensión de los diputados de Amazonas, como con la declaratoria de desacato del Parlamento al juramentar a sus funcionarios.

Recordó Rocha que la Sala Electoral pasó por encima de fallos anteriores de la Sala Constitucional en los que ya se había declarado que, ante la juramentación y proclamación de un diputado electo, se podía admitir un recurso de nulidad, pero no suspender cautelarmente a los diputados debido a los graves riesgos que esa decisión podría provocar, «ya que entraña el irrespeto a una soberanía y no es cónsono con el proceso comicial avalado por el Consejo Nacional Electoral».

Tal actuación, agregó, «irrespeta fallos vinculantes de su propio órgano e irrespeta su doctrina».

Además, el abogado insistió en que la Sala Electoral había abierto este proceso en días de vacaciones, lo que va en contra de lo establecido en el artículo 201 del Código de Procesos Civiles, aún vigente, que señala que todas estas causas deben estar suspendidas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. La decisión, en este caso, se emitió el 30 de diciembre de 2015 y era un recurso ordinario que no ameritaba tal apertura de emergencia.

«Todo esto lo que hace es poner en duda el desempeño imparcial de la Sala Electoral que, creemos, está jugando a favor de un tendencia política. Han puesto a un lado los principios jurídicos», dijo Rocha.

Posible escenario

Los parlamentarios de Amazonas deben esperar a que la medida cautelar que los mantiene suspendidos sea revocada para que puedan volver al hemiciclo. Rocha duda que la Sala Electoral levante este recurso. Sin embargo, recalcó que la actual decisión no es firme. La definitiva todavía está pendiente y debe conocerse en los próximos días.

El discurso de la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, en la Apertura del Año Judicial avala la postura pesimista del abogado. En su intervención, la autoridad del máximo tribunal dejó claro que este poder se enfrentará a las decisiones que se tomen en el Legislativo.

«Siendo que el TSJ tiene carácter supremo como lo dispone el artículo 335 de la Constitución, la supremacía del órgano supone la no revisibilidad de sus actos. Así, el Tribunal Supremo tiene plena facultad para revisar los actos de los demás órganos de rango constitucional», dijo Gutiérrez el viernes pasado.

Al respecto, Rocha rememoró las irregularidades que hubo en los nombramientos de los magistrados que entraron al máximo tribunal en diciembre pasado. 

«Ese fue un planteamiento político, no institucional, frente a la realidad que los amenaza. Evidentemente, la presidenta del TSJ está viendo carcomida su base institucional, está viendo cómo poco a poco se está deslegitimando su posición toda vez que, en principio, 13 de sus magistrados están altamente cuestionados y los últimos magistrados que han ingresado esta instancia lo hicieron mediante un mecanismo inconstitucional previsto en la  Ley Orgánica del TSJ», dijo el abogado al referirse a la designación de las togas por mayoría simple de la AN, en lugar de hacerse por mayoría calificada, tal como lo establece la Carta Magna.

Si la decisión del Consejo Moral Republicano favorece a los diputados afectados, los magistrados Sala Electoral deberán ser desincorporados y la Asamblea Nacional se encargará de designar a otros.  Si se niega a actuar en contra de la Sala Electoral, el Bloque Constitucional de Venezuela acudirá a instancias internacionales.