Advierten que si el gobierno desconoce la AN incurre en golpe institucional

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Ni las asambleas de ciudadanos ni el “Parlamento Comunal” cuentan con la potestad que tiene el Poder Legislativo para aprobar el decreto de emergencia económica que fue rechazado por la Asamblea Nacional. En esto coinciden los constitucionalistas Román Duque Corredor y José Vicente Haro.

“El pueblo en la calle no es un órgano del Poder Público, no tiene apoyo jurídico sino político. Sí el gobierno insiste en aplicar el decreto, pese a la negativa del Parlamento incurriría en un golpe contra la institucionalidad”, indicó Duque Corredor.

Agregó que el decreto no tiene vigencia sin el aval político de la AN, poder en el que recordó descansa la voluntad del pueblo.

“Pese a la declaratoria de constitucionalidad del TSJ, se requiere de la aprobación del Parlamento. El gobierno quería usar medidas sin control de la AN; otra Ley Habilitante camuflada, la última de las cuales tuvo hasta diciembre pasado.Este decreto repite lo mismo que los decretos de estados de excepción en la frontera, sustentado sobre el control del contrabando y para garantizar seguridad alimentaria; entonces no se entiende la emergencia. Si el gobierno insiste en ejecutarlo debe ser investigado por el Parlamento”.

Duque Corredor dijo que el decreto no precisó las medidas concretas que se asumirían para la emergencia económica ni mencionan cuáles garantías serían restringidas.

El constitucionalista José Vicente Haro explicó que las decisiones de las asambleas de ciudadanos, según el artículo 70 de la Constitución, solo son vinculantes en el caso de asuntos locales y no en los de carácter nacional.Indicó que no puede el gobierno imponer el decreto de emergencia por esa vía ni a través del Parlamento Comunal.

“Si se insiste en aplicar el decreto, la Asamblea Nacional podría solicitar y dejar constancia de una investigación ante el Ministerio Público a los diputados del PSUV que instigan al desconocimiento del Poder Legislativo. En el ámbito internacional podría pedirse ante la OEA la aplicación de la Carta Interamericana Democrática”.

Durante el fin de semana pasado, el oficialismo realizó asambleas populares para debatir en la calle el alcance del documento y respaldar las medidas económicas del gobierno de Nicolás Maduro.

Sigue leyendo esta nota de Sofía Nederr en El Nacional.

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