El Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE Libertad, que desde hace 10 años lleva adelante el seguimiento, monitoreo, base de datos y análisis de todas las afectaciones a este derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional, emitió un comunicado indicando que dos elementos deben ser tomados en cuenta para analizar el Decreto de Estado de Emergencia Económica: la crisis económica de inconmensurables proporciones por la cual atraviesa el país, y la reconquista de los espacios de la asamblea nacional por el Bloque de la Unidad Democrática.
El gobierno justifica la crisis económica que efectivamente vive Venezuela y que se gestó en las propias entrañas de la llamada revolución durante más de un lustro. Aseguran que la muerte de Hugo Chávez fue el punto de partida para la guerra económica, que consiste en desestabilizar la economía del país, debilitar instituciones, apostar a la ruptura del hilo constitucional e inducir malestar social.
Lo que el régimen nunca admitirá es que la inflación y la distorsión cambiaria son el resultado del modelo que han impuesto al país, caracterizado por la violación a las libertades económicas y la propiedad privada. El que hoy los ciudadanos no puedan disponer y acceder libremente a bienes y servicios y su salud y alimentación se han visto afectadas, es la consecuencia directa de la destrucción del aparato productivo del país. El régimen sistemáticamente ha expropiado empresas y destruido millones de puestos de trabajo. Muchas de las zonas industriales del país que albergaban a medianas y grandes industrias, hoy son cementerios de empresas. Situación similar se vive en el campo venezolano, que tras sufrir los embates de las expropiaciones, hoy languidece., en medio del clima más hostil. Habida cuenta de la recuperación de la Asamblea Nacional por parte de la Unidad Democrática, el gobierno pretende confiscar –para ser fieles a su proceder- el ejercicio de la función legislativa abrogándose las funciones de la Asamblea, ya que el decreto le permite brincarse a la torera la Ley de presupuesto y asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no; pasar por alto el régimen de contrataciones públicas y todos los procedimientos para la importación, nacionalización, tránsito de mercancías y trámites cambiarios; “requerir” los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos.
Dos meses en los que podría devastar al país.
