Diputados y familiares de opositores presos entregaron este lunes ante el Parlamento venezolano un proyecto de ley de amnistía que busca beneficiar a miles de detenidos, «perseguidos» y exiliados por razones políticas.

«Se entregó un proyecto muy bien hecho, es una ley y un decreto. Ahora vienen estas discusiones, planteamientos y evaluaciones dentro de la Asamblea Nacional y la decisión de cuál se va a tomar para hacer la liberación de los presos políticos», dijo a la prensa Lilian Tintori, esposa del dirigente radical Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión acusado de instigar a la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014.

La iniciativa es la síntesis de cuatro propuestas presentadas por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organizaciones no gubernamentales (ONG) y académicos, explicó el diputado opositor Freddy Guevara.

Adicionalmente se presentó un proyecto de decreto, que no requeriría el visto bueno del presidente Nicolás Maduro, como sí lo demanda la ley, explicaron juristas a la AFP.

Tras reunirse durante más de dos horas con familiares de políticos presos, abogados y un grupo de parlamentarios en el palacio legislativo, dominado por la oposición desde el 5 de enero, Tintori mostró a la prensa el proyecto en una carpeta que llevaba escrita la consigna «Amnistía ya».

Consultada sobre la posibilidad de que Maduro vete la ley, tal como lo ha anunciado, Tintori indicó que la amnistía será «automáticamente válida» después de que sea aprobada por el Parlamento.

Por su parte, Guevara explicó que tanto el proyecto de ley como el de decreto serán evaluados por una comisión legislativa, que redactará un instrumento definitivo para someterlo a votación en plenaria en unas dos semanas.

Insistió en que la amnistía no solo beneficiará a los dirigentes políticos sino también a «todos lo que hayan sido perseguidos por razones políticas (…) desde 1999», cuando asumió el poder Hugo Chávez, fallecido en 2013.

El abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, apuntó que el decreto tiene 22 artículos y la ley 27, y se espera que beneficie a «más de 20 mil personas» a través de «la cesación de procedimientos judiciales y administrativos».