El Gobierno emprendió una nueva campaña contra el sector privado. Otra vez  la víctima del atropello es Lorenzo Mendoza, presidente del grupo Empresas Polar, uno de los más exitosos del país. Estos continuos ataques a los hombres de empresa y a la propiedad privada han destruido la industria nacional, y constituyen uno de los factores clave que han desencadenado la espiral inflacionaria, el desabastecimiento y la escasez que afectan a Venezuela.

La excusa utilizada para esta agresión resulta deleznable, pues se trata de una conversación privada entre el empresario y Ricardo Hausmann, desatacado economista venezolano de prestigio internacional. Ese diálogo telefónico fue grabado de forma ilegal, violando los preceptos constitucionales que garantizan el derecho a la privacidad en las comunicaciones personales y la libertad de opinión. En una nación donde imperara el Estado de Derecho, se respetara la Constitución y hubiese autonomía de los poderes públicos, los responsables de ese delito serían sancionados.

Con sus ataques a estos destacados venezolanos, el oficialismo distorsiona ex profeso los mecanismos mediante los cuales funciona el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo creado en 1945 y diseñado con el expreso propósito de auxiliar a los gobiernos de los países que confrontan problemas financieros. A él se adscriben 188 naciones.

Uno de sus fundadores fue John Maynard Keynes, admirado por numerosos personajes del Gobierno nacional. Para obtener financiamiento, se debe cumplir un protocolo claramente establecido. El FMI no presta dinero a particulares. Esta información la conoce el gobierno venezolano, quien además mantiene su silla en el organismo. El pasado  mes de junio el Gobierno retiró 1.5 millardos de dólares de los ahorros que mantenía en el FMI.

El Ejecutivo, de manera artera y cínica, tergiversa la realidad e inventa un delito donde no existe, con el expreso propósito de continuar perjudicando a los empresarios que han trabajado dignamente por el país y enmascarando la grave situación económica nacional, en cuyas raíces se encuentra el asedio a la propiedad privada durante más de tres lustros.

El sector más perjudicado de esta arremetida seguirá siendo el pueblo, especialmente los más pobres, que pagarán con más inflación, escasez y desabastecimiento, y menos empleo, los excesos del Gobierno.

La colaboración estrecha y permanente entre la iniciativa privada y la pública constituye la única forma de que Venezuela supere la profunda crisis económica y social que padece.