Por Ludmila Vinogradoff / ABC (España)

El gobierno de Nicolás Maduro ha inhabilitado, de momento, a cinco líderes de la oposición que optaban a un escaño en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Su objetivo es claro: poner trabas a una oposición que le aventaja en veinte puntos en las encuestas.

Los dirigentes que no pueden optar a ocupar un cargo público durante un año son la diputada destituida María Corina Machado, los exalcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, y los exgobernadores de Zulia, Pablo Pérez y Manuel Rosales, del partido El Nuevo Tiempo, quienes han decidido presentarse a los comicios contra viento y marea.

La Contraloría General acusa a los opositores, entre otros motivos, de no ingresar los cestatickets en la declaración de jurada de patrimonio. La verdad es que los diputados no perciben este beneficio en su salario.

La directiva de la Mesa de la Unidad Democrática defiende a los afectados, pero teme que habrá nuevas inhabilitaciones. El secretario de la MUD, Jesús Torrealba, asegura que se enfrentarán a las inhabilitaciones con mayor apoyo y unidad, y acusa a Maduro de estar detrás de esta medida.

Torrealba avisa que, mientras más golpes recibe la oposición, más sube en las encuestas. Y pone como ejemplo las destituciones en 2014 de los exalcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, cuyas esposas ganaron con más del 70% de los votos en San Cristóbal y en San Diego, respectivamente, en unos nuevos comicios.

Drama de la escasez

Para el portavoz de la MUD, las inhabilitaciones de líderes opositores «son claros signos de una neo-dictadura al borde del colapso» y «una clara confesión de debilidad de un régimen que tiene trampas pero no votos».

Agregó que, con esta medida, el gobierno «quiere que nos pongamos a hablar de las inhabilitaciones, las persecuciones, las agresiones contra los candidatos y dirigentes de la oposición, para que dejemos de denunciar el drama de las colas, la escasez de comida, la destrucción de la moneda, la inseguridad atroz».

Para el exmagistrado Jesús María Casal, experto en derecho constitucional, las inhabilitaciones son inconstitucionales e ilegales porque «no proceden de la sentencia firme de un juez».