La organización presentó este martes su Informe Anual correspondiente a 2014 en el que resaltó el trabajo con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país. Denunció la criminalización de defensores, la regresividad de los avances en reducción de la pobreza en Venezuela y la construcción de un Estado policial

Jesús Alberto Yajure

La presentación este martes del Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en el país de Provea contó con algo más que cifras y datos que reflejaran el estado de la realización de las garantías constitucionales. Más que presentar indicadores económicos y estadísticas de violaciones, las víctimas hablaron. Lo hizo Lidia Martínez, quien relató cómo Daniel Solórzano, su hijo de cuatro años, falleció en diciembre de 2014 por falta de un medicamento para tratar una patología única en el país.

“Mi hijo murió esperando un medicamento que nunca llegó”, alcanzó a decir entre lágrimas desde el centro de un auditorio repleto de personas, entre ellos sociólogos, defensores de derechos humanos, periodistas, representantes  de embajadas extranjeras acreditados en el país. Ningún medio público estuvo presente, como tampoco lo hizo algún representante de la Defensoría del Pueblo.

La familia Solórzano descubrió en diciembre de 2013 que Daniel padecía tirosinemia, una patología que causa deficiencia hepática, cirrosis, entre algunos trastornos. El de Daniel era el único caso en el país y se requería de las gestiones del Gobierno y Ministerio de Salud para importar una droga llamada Nitisinone, también conocida como NTBC. Los trámites tardaron diez meses y cesaron cuando el niño falleció, en diciembre de 2014, a días de haber cumplido los cuatro años.

“Yo fui a Miraflores a pedir ayuda. Me mandaron unos guardias, me detuvieron. Me encerraron en el Palacio Blanco. A nadie le importó saber por qué yo pedía ayuda”. El caso es una muestra y pone en relieve los hallazgos que presenta en su informe: El deterioro del sistema de salud pública compromete la vida de los pacientes.

La organización acusó al Gobierno de privatizar por la vía de los hechos los servicios de salud en el país. Calcula que 50% de los venezolanos se ven obligados a acudir a clínicas y centros médicos privados ante el colapso de los hospitales estatales, la escasez de medicinas, insumos, equipos médicos y reactivos químicos que dificultan exámenes de diagnóstico.

Denuncian violación al derecho a la vivienda

Manuel Sánchez, de la comunidad del Guanábano, también expuso las denuncias que desde hace nueve años han hecho los vecinos de la carretera vieja hacia Los Teques, afectados por las obras del Metro. Aseguró que la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo abrieron expedientes e investigaciones. Pero que no han encontrado respuesta para todas las víctimas.

“Los explosivos usados en las obras del Metro han afectado cientos de viviendas en El Guanábano. A mí me despidieron del Metro por denunciar corrupción. Me han amenazado. Dos hermanos han sido asesinados, a mi mamá le dispararon en el último hecho, cuando mataron a uno de mis hermanos”, expresó.

Sánchez también denunció que un grupo de personas se ha beneficiado de las indemnizaciones y que la anarquía ha dado paso a mafias que aún cobrando por los daños a las viviendas promueven invasiones en el sector.

Provea advirtió sobre la criminalización del trabajo de las organizaciones y defensores de derechos humanos en el país, los señalamientos por parte de portavoces del Gobierno, que desacreditan el trabajo de las ONG en el país y las acusaciones que pretenden vincular el propósito de la defensa de las garantías constitucionales con sectores políticos.

“Provea no va a dejar de acompañar a las víctimas porque ese es nuestro trabajo”, señaló Rafael Uzcátegui, coordinador general, quien insistió en el trabajo y solidaridad sin distinción ni discriminación y recordó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, acudió a Provea cuando fue despedido del Metro de Caracas.

Uzcátegui también lamentó que no exista diálogo directo con el Estado y que Provea tenga que acudir a instancias internacionales para que el Estado responda interrogantes sobre la situación de derechos humanos en el país.

Algunos datos del Informe Anual de Provea 2014:

• En cuanto a las medicinas, el gremio farmacéutico reportó que el desabastecimiento aumentó de 15% en 2011 a 60% en 2015 en Caracas, mientras que en el resto del país el índice de escasez se sitúa en 70%.
• La salud en el país se encuentra privatizada por la vía de los hechos: Las precarias condiciones en las que se encuentra la atención sanitaria en Venezuela compromete el bienestar físico de la población y de muchos grupos de personas cuya vida está enlazada con la disponibilidad de recursos médicos. El empeoramiento de estas condiciones está conduciendo a que los costos de las deficiencias y la escasez se trasladen al bolsillo de las personas y de sus familias, haciendo cada vez más restrictivo el acceso a la salud de los sectores de menores recursos.
• Nunca antes en la historia reciente del país, la cobertura de la medicina privada ha tenido tanto crecimiento, como el registrado durante los últimos años. La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados calcula que para el año 2014 sus 236 clínicas afiliadas cubrían más del 50% de la población usuaria. Apenas hace 4 años el promedio rondaba menos de 20%.
• El número de denuncias registradas sobre deficiencias de los centros públicos de salud pasó de 1.976 en 2013 a 2.665 en 2014, lo que representa un aumento de 35%.
• En comparación con el año 2013, el mayor aumento de denuncias se registró en la falta de insumos o material médico-quirúrgico, cuyo peso porcentual varió de 9,62% a 11,26%, la falta de equipos médicos operativos, que subió de 5,76% a 8,44%, y el cierre o suspensión de servicios, el cual escaló de 5,47% a 11,33%.
• Un total de 220 víctimas de violación al derecho a la vida se registró en 2014, lo que representa un aumento de 7,32% respecto al número de fallecimientos conocido el año anterior. Al estudiar la distribución de las víctimas de acuerdo al patrón de violación del cual fueron objeto se advierte que las “ejecuciones” continúan ocupando el primer lugar, al concentrar 189 de los casos, lo que constituye 85,91% del total de violaciones conocidas para el año en estudio.
• Provea registró un total de 2.015 víctimas derecho a la integridad personal, un aumento de 480,9%, respecto al año 2013.
• La diferencia en precios entre alimentos regulados y no regulados es de 563,7%
• 35 sindicalistas han sido asesinados en lo que va de año.
• 80,2% cayó el número de pensiones asignadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).