Como reportero de noticias policíacas en Venezuela, Deivis Ramírez visita la morgue casi diariamente para llevar a cabo una dantesca labor detectivesca: determinar cuántas personas son asesinadas en la capital del país.

En una nación donde hasta la información básica —desde la inflación, hasta las víctimas de accidentes automovilísticos, y desde los gastos de turismo hasta la tasa de abortos espontáneos— parece desaparecer en el misterio, quienes compilan el número de cadáveres como Ramírez tratan de llenar el vacío de conocimiento que hay.

“Es como parir todos los días”, dijo Ramírez, al hablar de extraer cifras de funcionarios cautelosos y desconfiados o contar los cuerpos sin vida. “Las estadísticas sobre delitos son las más difíciles de conseguir”.

La constitución de Venezuela garantiza el acceso público a información “oportuna y veraz” del gobierno. Y el presidente Nicolás Maduro no para de retar a que la prensa “diga la verdad” sobre su gobierno socialista. Sin embargo, la realidad es que la verdad —y las estadísticas que la apuntalan— con frecuencia es sumamente escasa.

La semana pasada, el líder de la oposición Henrique Capriles ocupó los principales titulares cuando dijo que la inflación durante los primeros cuatro meses del año estaba cerca del 50%, lo que pone al país en camino a superar la tasa de inflación del año anterior, que era de 68.5%, la más alta del continente.

Capriles dijo que la información vino de fuentes “extraoficiales” y emplazó al gobierno a que dijera la verdad. (Días antes, el portal La Patilla, citando fuentes anónimas, dijo que la inflación durante los primeros dos meses del 2015 alcanzó el 22%). Las revelaciones resultan importantes toda vez que el Banco Central no ha dado ninguna información sobre los números de este año.

“El Banco Central solía publicar datos sobre la inflación religiosamente los primeros días del mes”, dijo por su parte Carlos Correa, director de Espacio Abierto, una organización que defiende la libertad de expresión y tiene sede en Caracas. “Pero ahora, no es que estén publicando la información equivocada, sino que no publican nada en absoluto. Y no creo que se trate de un accidente”.

El gobierno tiene la costumbre de enterrar las noticias malas. En el 2003, cuando la tasa de asesinatos y delitos comenzó a aumentar en Venezuela, el gobierno cerró la oficina de prensa policial que daba cifras con regularidad.

Cuando la falta de alimentos y de productos comenzó a convertirse en noticia el año pasado, el Banco Central dejó de publicar el “índice de escasez” que formaba parte del resultado de sus cifras regulares durante años.

A principios de este mes, Bank of America recurrió a “economía forense” para tratar de armar un cuadro de la economía de Venezuela. Con el uso de informes oficiales, estimados del sector privado, datos de socios comerciales y técnicas de “estimados estadísticos”, el banco intentó recrear información que, en muchos países, estaría a manos de cualquier persona a través de una computadora.

“La economía venezolana plantea un reto formidable a los investigadores”, dijo el banco en el reporte. “Los datos sobre indicadores cruciales se necesitan para evaluar la sustentabilidad fiscal y externa no están disponibles o se reportan con enormes demoras”.

Incluso información aparentemente inocua es difícil de hallar. En 2014, Espacio Público hizo una solicitud a agencias gubernamentales en donde pedía respuesta a 10 preguntas. Algunas de estas preguntas eran: ¿cuánto dinero tiene el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN)? ¿Cuánto dinero gastó el Ministerio de Salud en salud reproductiva? Y ¿cuánto dinero el canal estatal de televisión TeleSur le pagó al ex jugador argentino de fútbol Diego Maradona por sus comentarios durante la Copa Mundial del 2014?

Según Espacio Público, no obtuvo ninguna respuesta. En un caso, acudieron a los tribunales para conocer qué pasos había dado el Ministerio de Salud después de que se reveló que una carga de medicinas importadas de Cuba se perdió o se permitió que expirara. La Cámara de Política Administrativa de la Corte Suprema rechazó la petición tras calificarla como una amenaza a “la eficiencia y eficacia de la administración pública”.

En otros casos no resulta tan claro. En diciembre, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela dejó de enviar comunicados de prensa a varios corresponsales extranjeros. Cuando se le preguntó sobre el asunto, el departamento dijo que “problemas con las computadoras” le impedía mandar la información. Cuatro meses después el problema aún no se ha solucionado.

Ya sea realmente por fallos de computadoras o no, lo cierto es que en los últimos 10 años, el gobierno ha tomado medidas drásticas con respecto a los medios de prensa independientes al tiempo que creaba poderosas instituciones oficialistas de televisión, radio y prensa escrita. Muchas veces a los medios locales se les prohíbe entrar en conferencias de prensa del gobierno.

“La opacidad es la ley y la política de todos los días”, dijo Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional en Venezuela. “Lo que es de veras extraño es tener una información completa y pública”.

Esto es algo particularmente cierto a la hora de hablar de las finanzas del gobierno.

Aunque el gobierno se jacta de hacer enormes gastos en proyectos sociales, como por ejemplo viviendas subsidiadas, “no tenemos ninguna forma de verificar cuánto de verdad se ha gastado, a quién se le pagó ni cuántas nuevas casas se han construido”, dijo de Freitas. “Sencillamente es imposible saber cómo se gastan los fondos públicos”.