Roberto Briceño León, director del OVV; Rafael Uzcátegui, coordinador general de PROVEA; Marino Alvarado, miembro de la Asamblea General de esta organización; y Liliana Ortega, directora del Comité de Víctimas de los Sucesos de los sucesos de ‘El Caracazo’ (COFAVIV), rechazan el decreto de ley promulgado por Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, que autoriza el uso de armas letales contra manifestaciones.

«Estamos analizando el texto de la resolución. Lo que podemos adelantar por ahora es que el Ejecutivo está creando las condiciones para una violación masiva y sistemática de derechos humanos en el país. Con este instrumento, todos los efectivos tienen ordenes de para actuar de una determinada manera para violar los derechos humanos», responde Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, al ser consultado sobre la resolución que fue publicada en Gaceta Oficial este 27 de enero por el Ministerio de la Defensa y que autoriza el uso de armas letales contra las protestas.

Las Fuerzas Armadas combatirán el descontento popular con balas y cañones. El texto propone explícitamente el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”, según informó este miércoles El Nacional.

Uzcátegui enfatiza que Provea no había considerado que las violaciones a derechos humanos y la represión a protestas del año pasado fuesen sistemáticas, principalmente porque cada caso era distinto y porque los funcionarios actuaban de manera particular sin que hubiese una actuación uniforme. «Fueron violaciones graves, pero no sistemáticas. No se podía establecer una relación entre los casos», expone. Incluso destaca que defensores de DDHH cercanos al gobierno negaban que las violaciones fuesen sistemáticas. Pero ahora, que el Gobierno —mediante el Ministerio de Defensa y su titular, Vladimir Padrino López— promulgan un instrumento que legaliza el uso de armas de fuego «potencialmente mortal», el criterio para la calificación de las violaciones es otro: «Se crea el marco jurídica para que las violaciones sistemáticas ocurran».

Provea también considera que la resolución vulnera la Constitución, que establece en su artículo 68 la prohibición de armas de fuego y químicas para el control de manifestaciones. Uzcátegui también advierte que además de que hay un uso discrecional en los términos empleados en la Gaceta Oficial, el Gobierno deja la puerta abierta para que la expresión de los ciudadanos en la forma de protesta sea acallada a punta de balas:

«Con este instrumento, el Gobierno ratifica el golpe continuado a la Constitución. Nosotros hacemos un llamado de atención a la base oficialista. Porque se está creando un ordenamiento jurídico para reprimir protesta política y la protesta social. En manos de este Gobierno y del otro que venga dentro de seis u ocho años. Si el orden político cambia, el próximo gobierno tendrá todo en sus manos para reprimir todas las protestas, incluso las de oficialistas. Maduro le está legando a su sucesor el orden jurídico para reprimir de manera violenta las manifestaciones».

«Estado Policial»

Marino Alvarado, excoordinador general de Provea y miembro de la Asamblea General de esta organización, también se pronunció sobre este instrumento en una entrevista con César Miguel Rondón, en la que consideró que el Gobierno busca la instauración de un «Estado policial» con la consecuente confrontación violenta entre los ciudadanos.

«Es lo que llamamos la instalación de un estado policial en Venezuela a través de la doctrina de seguridad nacional. Que apunta con un elemento muy peligroso: en primer lugar es el enfrentamiento pueblo contra pueblo. Pues bajo la doctrina [del Gobierno] de seguridad nacional hay un sector que es bueno, que es el que se identifica con el Gobierno y un sector que es malo, que es al que hay que derrotar».

No se le escapan tampoco la creación de «estructuras organizativas», que están plasmadas en distintas leyes y que incluyen a los «comandos antigolpes», el Sistema de Protección para la Patria (llamado también SP3), que según Alvarado, apuntalan un Estado policial que cada día fortalece su política represiva.

«No nos extrañan este tipo de resoluciones, más en un país en el que desafortunadamente se ha venido criminalizando la protesta social. Y creo que el gobierno está consciente de que el país está en una situación muy mal, que hay mucho descontento popular, que pudiera haber un nivel importante de protesta social y Y desafortunadamente en lugar de ir diseñando una política democrática frente a la protesta social, avanzan hacia una política antidemocrática que puede generar resultados muy negativos.Yo creo que frente al descontento social en un gobierno democrático, tiene que haber canales para que la gente exprese el descontento, pero además darle respuestas oportunas y adecuadas a la gente porque buena parte de la protesta en Venezuela tiene que ver con el hecho de que la gente solicita respuesta y no se le da respuesta».

«En la Constitución hay una prohibición de uso de armas de fuego para controlar el orden» @lilianaortegaM

— César Miguel Rondón (@cmrondon) enero 29, 2015

«Estamos en un estado de sitio bajo decreto». @lilianaortegam — César Miguel Rondón (@cmrondon) enero 29, 2015

 

«Esto recoge los peores elementos que fueron utilizados en dictaduras de derecha como las de Pinochet, Videla, etc» @LilianaOrtegaM

— César Miguel Rondón (@cmrondon) enero 29, 2015

«Una amenaza de muerte a los manifestantes»

Roberto Briceño León, sociólogo y director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) condenó también la medida durante un foro en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en el que también tildó la medida de ser una «amenaza de muerte a los manifestantes».

«La única lectura que uno puede hacer es que se trata de intimidar a la población y de alguna manera impedir que salga a protestar Lo que uno dramática puede ver es que eso significa una amenaza de muerte del ministro a los manifestantes y la gente descontenta. Es paradójico que se amenace con las armas a los ciudadanos porque están en protesta, porque no consiguen leche y que esa misma fuerza no se use para  combatir los delitos».

Briceño León cuestionó los esfuerzos para controlar el descontento social mientras no se invierten los mismos recursos para controlar la delincuencia y criminalidad en el país, que el año pasado causaron la muerte a 24.000 personas.

«Sorprende lo que ocurre en Venezuela, porque se está utilizando a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de manera muy ostentosa contra la oposición y no para desarmar a las bandas delictivas».