La resolución 008610 del Ministerio para la Defensa, que autoriza el uso de «la fuerza potencialmente mortal» con armas de fuego para controlar protestas, generó de inmediato una ola de reacciones en contra que se difundieron a través de las redes sociales.

La medida, que fue publicada en Gaceta Oficial el 27 de enero de 2015, contradicen las garantías del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala: «Se prohíbe el uso de armas de fuego  y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.