REPRESENTANTES DE 18 COMUNIDADES INDÍGENAS del municipio Cedeño, en el estado Bolívar, aprovecharon el 12 de octubre para levantar su voz en contra del control de la actividad minera que se desarrolla en sus territorios.

Integrantes de los pueblos jivi, pemón, curripaco y sanema participaron en la elaboración de un comunicado donde piden una investigación clara y transparente de la muerte del líder indígena Misael Ramírez y otras 5 personas el pasado mes de agosto.

De la misma manera solicitan que se controle la actividad de bandas mineras armadas en esta zona y el resto de los yacimientos mineros del estado, especialmente en aquellos donde comunidades indígenas enteras están a merced de estos grupos.

José María, vocero de la organización indígena Unuma y representante del pueblo jivi del municipio Cedeño, rechazó la criminalización que se ha hecho de su etnia a raíz de este enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en tierras indígenas.

Como parte del pronunciamiento, estas comunidades solicitaron la reapertura de la mina El Silencio, y que se permita que sean ellos quienes velen por el orden en las mismas, como lo venían haciendo de manera artesanal y pacífica por años antes de la incursión de bandas armadas.

La mina El Silencio está cerrada y custodiada por la GNB desde el enfrentamiento que terminó con el asesinato de Ramírez.

A propósito de esta petición hecha por las comunidades indígenas de la zona, el Observatorio de Derechos Indígenas de la Asociación Civil Kapé Kapé recuerda que la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas es clara a esta respecto cuando en su artículo 53 establece que “los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho al uso y aprovechamiento sustentable y a la administración, conservación, preservación del ambiente y de la biodiversidad. Las aguas, la flora, la fauna y todos los recursos naturales que se encuentran en su hábitat y tierras, podrán ser aprovechados por los pueblos y comunidades indígenas para su desarrollo y actividades tradicionales”.

Los voceros de estas comunidades plantean que cientos de padres de familias están sin posibilidad de llevar el sustento a sus hogares por el cierre de la mina El Silencio.

Con información de Kapé Kapé