Acceso a la Justicia denuncia que funcionarios de la Fiscalía perdieron la estabilidad - Runrun

Acceso a la Justicia denuncia que funcionarios de la Fiscalía perdieron la estabilidad

Tarek-William-Saab.jpeg

EL MINISTERIO PÚBLICO (MP) EMITIÓ el pasado 13 de septiembre una resolución que establece que todos los cargos de carrera de los funcionarios que presten servicio en la Fiscalía se transforman en cargos de confianza, los cuales son de libre nombramiento y remoción, lo cual afecta la estabilidad laboral de todo el personal profesional que trabaja en la institución.

Según la Gaceta Oficial de fecha 14 de septiembre, en la resolución n° 2.703 se modifica el artículo 3 del Estatuto del Ministerio Público de 2015, el cual define que los cargos de confianza se limitan a funcionarios que presten servicio directamente en la Dirección y Coordinación del despacho del Fiscal General, funcionarios encargados de su seguridad, personal técnico del área de tecnología, auditores, registradores de bienes y materiales, almacenistas y supervisores.

Igualmente, el mismo artículo indica que el libre nombramiento y remoción solo aplicará a cargos de alto nivel como vicefiscales, directores generales y de línea, subdirectores, fiscales superiores y jefes de departamento, unidad y división.

La ONG Acceso a la Justicia calificó la medida como una “ilegalidad”, ya que viola los artículos 286 y 256 de la Constitución Nacional, que garantizan la estabilidad e independencia de los fiscales que laboran en el MP, así como la implantación del régimen de carrera e ingreso por concurso de oposición. También mencionan que la resolución constituye un acto de rango sublegal, por lo cual debe desarrollar la ley sin modificarla.

Advierten que no solo fue cambiado el artículo 3 del Estatuto, sino que afecta a todos sus artículos y a la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).

“Al eliminar la estabilidad de los fiscales es obvio que lo que se pretende es impedir su ejercicio independiente y tener mayor injerencia en sus funciones, lo que puede traer nefastas consecuencias en el sistema de justicia al politizarlo aún más”, señala la organización en su comunicado. “Esto empezó a ocurrir en el Poder Judicial, especialmente desde el 2004, al eliminarse los concursos de oposición de los jueces, lo que hizo que progresivamente este Poder se convirtiera en el principal brazo ejecutor de la política gubernamental, avalándola e incluso llegando a ‘legalizar’ decisiones gubernamentales contrarias a los derechos humanos, siendo hoy en día uno de los órganos más importantes de represión de la dictadura”.

La nueva ley surge en el marco del Decreto Constituyente sobre la Emergencia y Reestructuración del Ministerio Público, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, tras la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz sin consulta con el Poder Legislativo, y la designación del entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab.

“Debe decirse que no es que con la gestión de Luisa Ortega Díaz estuviera garantizada la independencia de los fiscales del MP, ya que sólo 1 % de ellos eran titulares”, destaca el comunicado.

Enviar Comentarios



© Manapro Consultores

Enviar Comentarios