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Transparencia Venezuela exige respuesta a afectados por explosión de Amuay

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TRANSPARENCIA VENEZUELA SE DIRIGIÓ al Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat exigiendo información sobre la problemática que viven decenas de familias en el estado Falcón, cuyas viviendas quedaron en condiciones de inhabitabilidad desde el año 2012, a la espera de respuestas de la estatal Pdvsa y la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela, uno de los programas emblemas del chavismo.

Las víctimas de la llamada “tragedia de Amuay” han sido doblemente afectadas,  porque no solo enfrentaron la muerte de allegados y las heridas de los sobrevivientes, sino que todavía afrontan el incumplimiento de las medidas gubernamentales que supuestamente resarcirían los daños materiales a sus viviendas.

Transparencia Venezuela tuvo conocimiento de la situación a través de nuestra plataforma  de recepción de denuncias de corrupción  “Dilo Aquí”,  impulsada por nuestra organización para que la colectividad ponga el acento sobre los hechos irregulares que comprometen los recursos de la nación.

La solicitud de información se hizo a partir de la denuncia que hicieron habitantes del Complejo Urbanístico Ciudad Federación, ubicado en Carirubana, uno de los 25 municipios el estado Falcón, al occidente del país.

Los denunciantes refieren el incumplimiento por parte de Construpatria, la red de distribución de materiales para la construcción más grande del país que surgió junto a la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), del compromiso adquirido por el Gobierno de entregar casas nuevas a los afectados por la explosión en el Complejo Refinador de Amuay, ocurrida a mediados de 2012. Esa promesa luego se transformó -en muchos casos- en una simple  “entrega de materiales” de construcción, la cual tampoco se ha concretado seis años después del peor accidente en la historia reciente de la estatal petrolera.

Nuestra organización solicitó datos oficiales sobre los materiales asignados a este proyecto en una comunicación dirigida al Director General de Obras de Urbanismo, Equipamiento y Vivienda del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat remitida en fecha 6 de julio de 2018.

El peregrinar de estos venezolanos comenzó tras la explosión de la refinería de Amuay, ocurrida el 25 de agosto de 2012 en la Península de Paraguaná. Fue un desastre que dejó  42 muertos según cifras del Ministerio Público, aunque otras fuentes hablan de 55 fallecidos y 156 heridos.

De acuerdo a información suministrada el 31 de agosto de 2012 al diario local El Impulso por la entonces gobernadora de Falcón, Stella Lugo,  1.218 viviendas de distintos sectores (como  Judibana, Creolandia y otras zonas aledañas)  resultaron con graves daños estructurales.

Solo en el Complejo Urbanístico Ciudad Federación, cuya comunidad remitió la denuncia a Transparencia Venezuela, 200 viviendas sufrieron los efectos del desastre ocurrido en la instalación petrolera.

Rendición de cuentas

Transparencia Venezuela aplaude que, de acuerdo a la información suministrada por representantes de la comunidad, funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat acudieron en el mes de julio de 2018 al lugar para verificar la situación en la entrega de las viviendas.

Pero es necesario insistir en que hay que explicar con detalle qué ha ocurrido con el material que ha sido asignado, para permitir que las familias afectadas realicen una verdadera contraloría social e informen ante ese ente cualquier eventual irregularidad.

Para el gobierno fue un logro alcanzado

De acuerdo al seguimiento hecho por nuestra organización el Estado se comprometió en 2012 a restituir cada vivienda afectada por una “nueva” por intermedio de la estatal PDVSA, con sustento en la Gran Misión Vivienda Venezuela y el apoyo de Construpatria.

Ese compromiso hoy en día no ha sido cumplido a gran parte de los afectados, ni siquiera en aquellos casos en los que la entrega de viviendas nuevas fue sustituida por el  simple suministro de materiales de construcción por parte de Construpatria.

Luego de más de un lustro se sigue afectando el derecho universal a una vivienda digna y adecuada a estos venezolanos.

De acuerdo a la memoria y cuenta del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, al que está adscrita la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el 2012 se verificó como un “logro”, el apoyo ofrecido por los entes gubernamentales para en el “levantamiento georeferenciado” de cada una de las viviendas de los sectores más afectados por el desastre en Amuay.

En ese informe de gestión se registraron 3.865 planillas identificando el nivel de afectación de las viviendas.

Una publicación de El Correo del Orinoco (5 de septiembre de 2012) refirió que la Gran Misión Vivienda Venezuela construyó el Complejo Habitacional La Pastora, que contaría con 130 viviendas, 30 para los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 100 para los afectados.

Ese proyecto sería culminado en dos meses, pero para septiembre del 2012  solo se tenían 60 viviendas con un avance del 85 % en su construcción y el resto solo habían avanzado 50 %. Para ese momento Contrupatria tenía la responsabilidad de suministrar 50% de los materiales, mientras que  las víctimas del accidente tenían que responder con aportes propios.

Transparencia Venezuela no observó en las memorias y cuentas del ministerio de Vivienda, posteriores al año 2012 la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos con los afectados.

Las familias continúan denunciando que las viviendas no han sido reformadas, que no han sido entregados los materiales, ni se ha dado apoyo para la mano de obra. Otros las han reparado con inversión propia.

La “guerra económica” que da para todo

Dado la cantidad de familias sin vivienda tras esta tragedia, los afectados del sector Ciudad Federación (Complejo Urbanístico Ciudad Federación Jurisdicción del municipio Autónomo Carirubana), que solicitaron los buenos oficios de Transparencia Venezuela,   firmaron un  acuerdo con representantes de Pdvsa.

El nuevo compromiso fue suscrito el 25 de julio de 2013 con Tulio Chávez, Pedro González y Oscar Colina, gerente de Desarrollo Social del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), gerente de Asesoría Jurídica del CRP y el gerente de Proyectos Especiales de  Planificación y Dirección Venezolana de Mantenimiento (PDV Mantenimiento), respectivamente.

Entonces Pdvsa  asumió la tarea de insertar a los afectados en los sectores denominados “La Pastora” y “Bicentenario”, ubicados en los municipios Los Taques y Carirubana. Al entregar las casas la estatal petrolera demolería los restos de las viviendas que fueron afectadas por la explosión.

El 27 de julio de 2015 se prorrogó ese acuerdo por dos años más, bajo el argumento de  que “la guerra económica”  habría dificultado la adquisición de los materiales que debieron ser entregados por Construpatria.

El peregrinar de los denunciantes los llevó a un camino de idas y venidas. En 2016 se reunieron de nuevo con Tulio Chávez y Oscar Colina, quien entonces fungía como presidente de Gran Misión Vivienda Venezuela. Los funcionarios asumieron otro compromiso: decidieron asignar lotes de terreno a aproximadamente 200 afectados, bajo la nueva promesa de entregar los materiales y suministrar la mano de obra necesaria para la construcción de viviendas, en forma inmediata.

Según  reseña del medio digital Cactus24  (25 de agosto de 2017)  y tras a 5 años de la tragedia en Amuay , los vecinos de las comunidades “Alí Primera I” y “La Pastora” seguían esperando respuesta de Pdvsa, que para ese entonces informó a los afectados que no tenía los recursos para la rehabilitación de las casas.

La espera no ha debilitado la intención de estas familias de tener respuesta del Estado.

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