Sundde ordenó a Procter, Nestlé, Bimbo y Alfonzo Rivas bajar precios

 La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ordenó a las empresas Procter & Gamble, Nestlé de Venezuela, Bimbo Alfonzo Rivas que debían ajustar los precios de sus productos a los del 15 de diciembre.

 El organismo informó que inició un proceso de verificación de precios en más de 200 empresas productoras de alimentos, bebidas y artículos de higiene personal y aseo del hogar, de las cuales 37 tienen sus operaciones en el Distrito Capital y el estado Miranda. La medida de reducción de precios abarca a más de 600 productos, entre ellos alimentos.

 Algunas de las  empresas “abordadas por la fuerza fiscalizadora de la Sundde” fueron Bimbo, productor de pan y tortillas; Alfonzo Rivas, fabricante de maizina, cereales y bebida achocolatada granulada; Procter & Gamble, que elabora toallas sanitarias, afeitadoras, champú y detergente; y Nestlé, que produce chocolate, café y té helado.

 El miércoles el superintendente de la Sundde, William Contreras, se reunió con representantes de industrias productoras de azúcar, aceite y oleaginosas, así como productores, para también exigirles que debían regresar a los precios de diciembre.

 El vicepresidente, Tareck el Aissami, anunció el lunes la medida y aseguró que a las empresas que no la acaten les caerá todo el peso de la ley. “Todos los rubros deben volver al precio de diciembre. No vamos a aceptar ningún precio especulativo. Vamos a enfrentar con todas las fuerzas de la Constitución y de las leyes cualquier empresa que se someta a medidas de guerra económica”, dijo en una reunión que mantuvo con representantes de 20 industrias nacionales.

 Escasez de confianza. La Cámara de Caracas rechazó que se sigan produciendo expropiaciones, intervenciones, “regulaciones arbitrarias de fijación de precios mediante prácticas autoritarias que son medidas que no resuelven la grave crisis, por el contrario, la agravan y provoca angustia entre la población que teme la desaparición de los inventarios, principalmente de alimentos y medicinas, con una ausencia absoluta de razones para seguir produciendo”.

 El gremio añadió que una economía próspera exige que todos acaten las garantías y derechos establecidos en la Constitución.“Nada debería impedir a las empresas generar utilidad o ganancias. Nadie debería obligarlas a vender a perdida. Es un derecho económico fundamental que, si no tiene vigencia, provocará que sigan cerrando empresas o se retiren del país, que desaparezcan fuentes de trabajo y empleo, lo que afectará la productividad y reducirá la oferta de bienes y servicios”, señaló en un comunicado.

 Advirtió que la escasez de confianza en el país, a la que considera la peor de todas, se incrementará si persiste la ausencia de respeto por los derechos de propiedad y por las políticas públicas erradas.

 “Nada debería impedir a las empresas generar utilidad o ganancias. Nadie debería obligarlas a vender a pérdida. Es un derecho económico fundamental”. (El Nacional)

Gobierno y representantes de supermercados acuerdan medidas de seguridad para traslado de mercancías

 El Ministerio de Interior, Justicia y Paz realizó una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ( Ansa) para coordinar acciones a través del Plan Nacional de Seguridad.

 Según información suministrada por el ministro Néstor Reverol, este plan busca garantizar la seguridad durante el traslado y distribución de alimentos a los locales comerciales para asegurar el abastecimiento al pueblo venezolano. (Globovisión)

 Conindustria: Fiscalizaciones disminuirán niveles de producción del país

 Juan Pablo Olalquiaga,  presidente de Conindustria, advirtió que las fiscalizaciones que ejecuta la Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundde) disminuirá la producción nacional.

 Sobre esto, comentó que el país en la actualidad produce 10% de lo que generaba antes de la llegada de la llamada revolución chavista.

 “Se quejan de que la industria tiene precios altos, pero esos precios son una consecuencia de las malas políticas públicas del gobierno. Las fiscalizaciones que hace el Ejecutivo, además de ser amedrentadoras y punitivas, no contribuyen a la búsqueda de soluciones”, afirmó en una entrevista a Versión Final.

 Consideró que estas fiscalizaciones destruye arbitrariamente la propiedad privada.

 “Así sucedió con la bajada de precios en los supermercados. Ahora tenemos supermercados vacíos y consumidores que se sienten más angustiados”, agregó. (El Nacional)

Gobierno bolivariano habría decomisado a lo bravo 45 toros para regalarlos en los Clap

 Ganaderos denunciaron el decomiso arbitrario de 45 toros que iban hacer trasladados a la isla de Margarita, por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

 La situación irregular se presentó en la población de Sarasa, en el estado Guárico, cuando el gobierno bolivariano abusando de su autoridad y amedrentando al transportista realizó el decomiso de las reses.

 Del mismo modo, trascendió que esta carne decomisada está siendo llevada a unas cavas en Fondas para ser distribuidas en las cajas Clap a unos precios que no son los reales. (La Patilla)

Pensionados tardan hasta 72 horas para cobrar en Zulia

 Ciudadanos pasan más de 72 horas para cobrar su pensión en el estado Zulia. Adultos mayores aseguraron que pasan mucho tiempo en las colas. Explicaron que es mucho sacrificio para la edad que tienen.

 “Aquí hay muchas injusticias, tengo varios días durmiendo en la puerta para cobrar. Yo vivo muy lejos y no puedo regresarme a mi casa, lo hice una vez y perdí el puesto”, contó José Mora a El Pitazo.

 Los afectados también denunciaron que, luego de hacer la cola, muchas veces no cobran debido a que pasan otras personas sin estar desde temprano en las largas filas.

 “Después de que nosotros dormimos aquí, no cobramos porque llegan otras personas y entran sin hacer cola”, dijo Iraida Matos.

 De acuerdo con El Pitazo, esta situación se repitió en varios lugares de la entidad y muchos zulianos hacen largos viajes para intentar cobrar su pensión en efectivo.

 “Nos tenían que dar al menos 450.000 bolívares en efectivo, después de que ellos reciben el blindado, deberían decir cuántas personas pueden cobrar”, comentó Catalina Oyolo de 71 años. (El Nacional)