Luego de la insistencia de algunos opositores al parecer el gobierno recogió el guante y va a sacar adelante una nueva ley de desarme. Como si el gobierno necesitase alguna excusa para hacer un show legislativo, van y le ponen en bandeja una ley que todos sabemos tendrá muy poca incidencia sobre el crimen y la violencia que a diario enluta a los venezolanos. Este gobierno, que es experto en crear comisiones y ministerios, en mayo creó a la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme. La labor fundamental de esta comisión es la de consultarle a todo el mundo para luego hacer lo que el presidente le venga en gana. Imagino que los voceros opositores que dieron lata con este tema ahora estarán mirando para el techo.
En el año 2002 se promulgó una también “novedosa” ley de desarme. El aspecto fundamental de esta ley de desarme no fue otro que el de otorgarle mayor poder a la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, además de generarle mayores inconvenientes a aquellas personas que tenían un porte legal de arma para renovarla. Todos sabemos cual ha sido el resultado de esta ley sobre la criminalidad y la violencia. Los hechos ocurridos en el Rodeo I y Rodeo II, donde los internos emplearon armamento de guerra, demuestra que no hay nada más confiable en este país que las Fuerzas Armadas para entregarle la regulación de las armas en manos de los civiles. Las Fuerzas Armadas nacionales han sido incapaces de cuidar su propio arsenal; adicionalmente con el tema de los portes de armas se les ha generado otro foco de corrupción que se suma a los otros tantos existentes. Así es que se gobierna.
La anterior ley de desarme ha sido un fracaso pero para algunos darse cuenta del problema toma algún tiempo. Otra vez volvemos a la idea cándida de ofrecer recompensa por las armas. Pese a las voces autorizadas que han dicho que la incidencia de estos programas en la reducción de la violencia es mínima, no importa, intentémoslo de nuevo que a lo mejor esta vez si funciona. La recompra de las armas no funciona porque es incapaz de alinear el interés colectivo (desarmar a los delincuentes) con el interés particular del delincuente. Típicamente un programa de recompra ofrece un precio por el arma. Para que el delincuente se vea motivado a entregar su arma, el precio de recompra deberá ser mayor que el valor de los beneficios futuros, debidamente descontados, que “obtendrá” el delincuente con su instrumento de trabajo. Si el precio es menor sencillamente ni se preocupará por entregar el arma. Si el precio es mayor seguramente el delincuente entregará el arma para luego con ese dinero volver al mercado negro a adquirir otra y quedarse la diferencia.
Los programas de recompra se llenan de armas que cuya incidencia en la violencia y criminalidad es muy reducida. Son por lo general las personas que tienen un arma vieja en la casa que no emplean, las que terminan entregando sus armas. Esto sirve para que los encargados del programa se llenen la boca y para que algún escultor diseñe algún adefesio hecho con las armas decomisadas. La ineficacia del programa parte en gran medida por su pobre distinción de cual es el problema con las armas. En Venezuela, dada la ley del 2002, cualquier arma no registrada en la Dirección de Armamento de la FAN es ilegal. El término ilegal aglomera las armas en manos de los civiles que no están registradas pero que no son empleadas para actividades delictivas y aquellas que además de ser ilegales son empleadas en actividades delictivas. Las primeras llamémoslas frías y las segundas calientes. Para que un programa de desarme reduzca la violencia deberá recomprar el mayor número de armas calientes. Lo que menos hace un programa de recompra es recuperar este tipo de armas por las razones comentadas. Es precisamente porque el programa pretende alienar incentivos que no pueden alinearse. Un programa de recompra es otra medida efectista como aquella de prohibir el porte de armas en el transporte público colocando un cartel. Seguro que quien porta un arma ilegal y que está dispuesto a usarla para delinquir se verá constreñido a no usarla en el transporte público por el cartel. Si fuese así, deberíamos colgar carteles en todos lados recordándole a los maleantes que está prohibido robar y asesinar en todo el territorio nacional.
Lo peor de todo esto no será el nuevo fracaso de la ley o el hacerle la vida cada más difícil a los tenedores de armas legales, lo peor será que nuevamente habremos perdido el tiempo y recursos. Si en lugar de estar ideando leyes inútiles tanto la oposición como el gobierno se dedicaran a dotar, preparar y depurar las policías, en particular la CICPC, en realizar una reforma judicial, en clasificar a los presos, en crear cárceles nuevas y sobretodo en aprehender a los azotes de barrio que todo el mundo sabe quienes son y donde están, quizás podríamos sentir cierto optimismo. Lamentablemente, se promulgará la ley y seguiremos estando en las mismas. Es como cada vez que llega un director nuevo al INTT y dice: “ahora si, todo el mundo va a tener que usar el cinturón de seguridad”. Si claro, seguro.
Francisco Ibarra Bravo
@franibar10
