El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) considera que la hiperinflación, la inseguridad y el desempleo son tan perniciosos individualmente que, unidos, constituyen el gran reto venezolano a ser contrarrestado con urgencia por el gobierno, la oposición, los empresarios, el sindicalismo y la propia sociedad civil organizada.

La dirigencia empresarial sectorial le atribuye a dicha combinación la relación que provocó los resultados del 2016 con una inflación extraoficial superior a 700%, más de 28.000 venezolanos fallecidos por la expansión de la violencia y una tasa de desempleo que pudiera estar sobre 12%, de la fuerza laboral en condiciones productivas. Todo sin olvidar el sostenimiento recesivo de la economía y que se traduce en el peor de los escenarios: una situación de verdadera estanflación.

En el caso del comercio y los servicios, por su parte, la caída de las ventas el año pasado aún no ha sido cuantificada, porque cada área de trabajo y ubicación regional de las empresas tiene sus propias características. Pero lo cierto es que ello obedeció precisamente al comportamiento inflacionario, la incidencia de la inseguridad y la destrucción de los ingresos familiares. Bien por la propia inflación, como por la inexplicable modalidad con la que se ha tratado de introducir el nuevo cono monetario al sistema transaccional, además de la desaparición de fuentes de trabajo formales y el incremento desenfrenado de la informalización.

Ante ese panorama, preocupa sobremanera la forma como el responsable de atacar las causas de esos graves problemas, el gobierno, insiste en no actuar acorde con lo que le exige dicha realidad. La subestima, la trata de minimizar y, a la vez, propicia situaciones que tienden a fortalecerla.

Para Consecomercio, decisiones como la apertura de casas de cambio en la frontera para supuestamente propiciar modificaciones en la paridad cambiaria, no favorecerán el comercio fronterizo, ni contribuirán a recuperar las condiciones de vida de la población local.

Es un recurso aislado para mantener el control de cambio y justificar su rigidez, a la vez que favorece la centralización administrativa del rentismo petrolero y la exclusión del sector productivo privado, indistintamente de su área: agrícola, pecuaria, industria, comercio y servicios.

En cuanto al cambio del Gabinete Económico y de la presidencia del Banco Central de Venezuela, lucen más como medidas con fines ideológicos y estratégicos para decisiones atadas al avance de la estatización de la economía, antes que a la urgente necesidad de fortalecer la producción nacional, generar empleos y liberar a los consumidores de la obligación de seguir haciendo colas para adquirir bienes.

Con el abastecimiento de bienes importados, principalmente alimentos, se ha tratado de hacer caer la inflación y de evitar precisamente las colas. Pero los altos precios de los productos son calificados por los propios consumidores de bachaquerismo industrial, y de componente destructivo de la producción nacional, como de la distribución comercial formal.

Consecomercio insiste en que hay que atacar las causas del evidente colapso que exhibe la economía nacional y cuyas consecuencias están reflejadas en un proceso inflacionario que lo estimula el desorden fiscal y monetario del país, la caída de la producción y de la productividad, la progresiva desaparición de pequeñas y medianas empresas, como la inevitable expansión de la violencia.

Esa respuesta nacional, desde luego, incluye la urgencia de superar la inmodificable situación de inestabilidad política a que sigue sometido el país, la recurrencia gubernamental a un discurso que anula la confianza en la economía nacional y ahuyenta toda posibilidad de nuevas inversiones privadas nacionales e internacionales.

Es el reto que se le plantea al gobierno, la oposición política, los empresarios, al sindicalismo y a la sociedad civil organizada: revertir esta difícil situación. No ocuparse de hacerlo, equivale a someter a toda la población a un inevitable agravamiento del cuadro inflacionario y de empobrecimiento colectivo, de inseguridad y de imposibilidad de recuperar vivir en un ambiente de paz. Vencer, sin embargo, implica disponer de libertades plenas; no de más restricciones ciudadanas.