Ayer el presidente Nicolás Maduro anunció el tradicional aumento del mes de mayo. El aumento esta vez fue de 30% y se suma al otro de 10% decretado a comienzo de año. En lo que va de año el aumento acumulado del salario mínimo ya va por 43%. Para algunos, incluso en la oposición, el aumento es insuficiente. Lo último es solo un síntoma de la flojera colectiva para analizar el problema inflacionario en Venezuela.
No soy de aquellos que creen que la inflación es un fenómeno salarial. Creo que en el fondo una inflación elevada como la que hemos tenido en Venezuela es el síntoma de un desorden monetario y fiscal. Sin embargo, es indudable que el aumento salarial por decreto constituye un combustible adicional en este incendio que ya tiene más de 30 años instalado, de forma coyuntural según el ministro Ramírez, en el país. En carrera con los precios, los aumentos salariales por decreto por lo general siempre pierden.
Si una compañía privada decretase aumentos salariales de la forma compulsiva como lo hace el Gobierno muy probablemente acabaría en pocos meses fuera del mercado. En este hipotético caso, la empresa lejos de hacerle un favor a sus empleados les acabaría haciendo daño, porque comprometería a largo plazo su posibilidad de generar y mantener empleo. El sector público emplea alrededor del 20% de la población ocupada en el país. Muchos de los salarios que paga, por no decir que la inmensa mayoría, están vinculados directa o indirectamente al salario mínimo. Cada vez que el Gobierno decreta un aumento salarial está decretando un aumento del gasto público, aumento que jamás nos dice como va a financiar. Todos sabemos como lo ha venido haciendo en todos estos años, con inflación.
Lamentablemente en el sector público venezolano no hay criterio intertemporal alguno, lo que importa es el “aquí y ahora”. El determinante fundamental de los salarios a largo plazo es la productividad del trabajador. Si la productividad pudiese ser decretada no habrían naciones subdesarrolladas. Cada aumento que se decreta en las condiciones actuales solo garantiza un alivio, en el mejor de los casos temporal, en el poder de compra del venezolano a costa de seguir corriendo la arruga y agrandando el problema. La empresa privada se ajusta a los decretos aumentando los precios, subiéndose a la ola inflacionaria y reduciendo su demanda de trabajo. Es la única manera en que puede hacerlo, lo peor es que luego es acusada de emprender guerras económicas y demás milongas.
Es necesario que los venezolanos entendamos que los decretos de aumento salarial no protegen a largo plazo el poder de compra del salario. A largo plazo solo un sector privado vibrante y un sector público responsable pueden generar las condiciones para mejoras en el poder adquisitivo de los trabajadores. Aplaudir estos aumentos salariales, en especial cuando no se han dado reformas en otras áreas, es irresponsable, también lo es decir que el aumento es insuficiente.
Francisco Ibarra Bravo
